Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso de Tamaulipas aprobó aumentar de 4 a 8 años de cárcel la sanción por rendir declaraciones falsas ante la autoridad, con agravantes de hasta 20 años.
En sesión extraordinaria, el Pleno Legislativo avaló por unanimidad de votos el dictamen de reforma al Código Penal emitido por la Diputación Permanente.
La acción legislativa se derivó de dos iniciativas, una de la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente y otra del legislador morenista Claudio Alberto de Leija Hinojosa, que coincidieron en reforzar la protección de los procesos legales.
La modificación al artículo 256 establece que quien falte a la verdad en informes o declaraciones será castigado con prisión de cuatro a ocho años y multa de 200 a 500 veces el valor de la UMA.
En casos graves, como cuando un testimonio falso derive en una condena superior a 20 años de prisión para un acusado, la pena contra el declarante podrá incrementarse hasta 20 años de cárcel.
El artículo 258 también fue reformado para sancionar a peritos o intérpretes que falten a la verdad o se retracten de sus dictámenes, imponiéndoles además una inhabilitación profesional de seis meses a tres años.
De esta manera, el ordenamiento punitivo de Tamaulipas se homologa con el Código Penal Federal y legislaciones estatales que castigan con mayor severidad la falsedad procesal, buscando frenar una práctica que mina la confianza en las instituciones.
En su exposición de motivos, los legisladores advirtieron que la proliferación de fake news ha potenciado la desinformación y puede impactar en procesos judiciales, por lo que resulta imperativo sancionar con rigor a quienes busquen engañar a la autoridad.
Además, el abuso de denuncias falsas daña luchas legítimas, particularmente en materia de género.
Tanto la Fiscalía General de Justicia como el Poder Judicial de Tamaulipas respaldaron la reforma, al señalar que la falsedad de testigos o peritos afecta de manera directa la procuración e impartición de justicia.
Según datos oficiales, este delito ocupa el lugar 30 de 35 en incidencia delictiva en Tamaulipas, concentrando 107 de las 129 carpetas de investigación en Altamira, Reynosa, Victoria, Matamoros y Ciudad Madero.
