Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Con el respaldo unánime del Pleno Legislativo, el Congreso de Tamaulipas aprobó reformas para exceptuar al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado (Ipsset) de la Ley de Entidades Paraestatales, con el fin de garantizar que siga rigiéndose bajo un marco propio y evitar riesgos sobre su patrimonio.
En sesión extraordinaria, el Pleno avaló el dictamen presentado por la Diputación Permanente, que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Entidades Paraestatales y deroga un artículo transitorio del Decreto 66-370.
El cambio corrige lo aprobado en julio de 2025, cuando dicho decreto incluyó al Ipsset dentro del régimen general de los organismos paraestatales, sujetándolo a normas que podían interferir con la administración de los fondos de pensiones y prestaciones de los trabajadores.
Con la reforma de hoy, el Ipsset recupera su excepción, tal como estaba antes de aquel decreto, asegurando que continúe con un manejo especializado y diferenciado de los recursos que administra.
El dictamen advierte que mantener al Instituto bajo la Ley de Entidades Paraestatales implicaba riesgos de dispersión administrativa y posibles afectaciones al patrimonio de los servidores públicos del Estado.
Al quedar nuevamente fuera de esa normatividad, el Ipsset podrá conservar reglas propias de operación, enfocadas en garantizar el pago de pensiones, jubilaciones y prestaciones sociales de miles de trabajadores estatales.
El ajuste también fortalece a la Secretaría de Administración, que coordinará al Instituto y tendrá acceso a información limitada a los asuntos estrictamente de su competencia, sin menoscabar su autonomía financiera.
En paralelo, se refuerzan las atribuciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para vigilar la transparencia, ética y control interno de la administración pública estatal.
Los promoventes, legisladores de Morena y el PT, sostuvieron que con estas modificaciones se protege el patrimonio de los trabajadores y se armoniza el marco legal con la realidad operativa del Instituto.
El Congreso concluyó que las reformas otorgan certeza jurídica, fortalecen el control administrativo y blindan los recursos que respaldan la seguridad social de las y los empleados públicos de Tamaulipas.
