Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
En el Congreso del Estado, la diputada de Morena, Blanca Anzaldúa Nájera, anunció con solemnidad una iniciativa para obligar a que los planteles educativos se pinten únicamente con colores institucionales, evitando que cada administración los pinte con los tonos del partido en el poder.
La propuesta, en apariencia, luce razonable y hasta necesaria. Sin embargo, más allá del discurso, resulta inevitable preguntarse: ¿por qué limitar la medida solo a las escuelas? ¿Por qué no extenderla también a todos los edificios públicos, que cada tres o seis años se convierten en lienzos propagandísticos?
El tema no es nuevo. A lo largo de varias legislaturas, el debate sobre los colores institucionales ha sido recurrente. El PRI lo llevó a la tribuna cuando le convenía; el PAN también lo presentó con bombo y platillo. Hoy es Morena quien lo hace suyo, aunque con un enfoque reducido que deja fuera al grueso de las dependencias gubernamentales.
La realidad es que todas esas propuestas quedaron archivadas en la congeladora legislativa, sepultadas por la incongruencia de quienes las impulsaban. Porque una cosa es predicar en la oposición y otra muy distinta actuar desde el poder.
El PRI, que alguna vez prometió neutralidad cromática, no dudó en llenar de rojo cada esquina posible cuando tuvo el control. El PAN, que acusaba al tricolor de usar la brocha como propaganda, terminó tiñendo de azul hasta las banquetas cuando le tocó gobernar.
Hoy Morena, con su discurso de cambio y austeridad, recurre exactamente al mismo expediente. Mientras desde el Congreso hablan de institucionalidad, en la realidad tiñen de guinda los edificios, bardas, camellones y oficinas.
Es decir: lo que Anzaldúa Nájera plantea no es un ejercicio de innovación legislativa. Es, más bien, un refrito de viejas propuestas, recicladas cada seis años por quienes olvidan lo que predicaron tan pronto prueban las mieles del poder. Y en esta ocasión, con una omisión grave: limitar el alcance solo a las escuelas, cuando el problema de la “pintadera partidista” está en todo el aparato gubernamental.
El costo de esa manía cromática no es menor. Se destinan millones de pesos en pintura y mano de obra solo para complacer caprichos propagandísticos. Dinero que bien podría usarse en mejorar servicios, equipar escuelas o reparar calles.
Además, el mensaje que se transmite a la sociedad es pobre. Se privilegia la apariencia sobre la esencia, el color de las paredes sobre el contenido de las políticas públicas. El ciudadano ve cómo el presupuesto se diluye en brocha y rodillo, mientras las necesidades reales siguen esperando.
En países con instituciones sólidas, los colores oficiales son neutrales, pensados para durar más allá de los sexenios. Aquí, en cambio, la brocha se convierte en símbolo de poder y de conquista.
La iniciativa de Anzaldúa Nájera, aunque sensata en el terreno educativo, peca de insuficiente. Si de verdad se busca institucionalidad, habría que blindar a todo el patrimonio público contra la brocha partidista, no solo a las escuelas.
Por eso, más allá de la diputada y su afán de figurar, lo importante es que los tamaulipecos exijan congruencia. No basta con aplaudir una propuesta que se escucha bonita en el papel. Lo fundamental es vigilar que se lleve a cabo, que se amplíe su alcance y que no se quede en el archivo muerto.
Si Morena quiere diferenciarse del PRI y del PAN, aquí tiene una oportunidad de oro: no solo aprobar la iniciativa, sino extenderla a todos los edificios públicos y respetarla en los hechos. Si lo hace, ganará credibilidad. Si no, será un capítulo más en la larga historia de la simulación.
Porque al final del día, los muros pintados de guinda, rojo o azul no son otra cosa que el espejo de nuestra política: superficial, cambiante y obsesionada con el poder, pero alejada de la verdadera institucionalidad.
EL RESTO.
CARMEN LILIA, ALIADA DE LOS MICROEMPRESARIOS.-El discurso de, Carmen Lilia Canturosas, en su Primer Informe de su segundo mandato como alcaldesa no solo presume cifras: construye un relato de impulso económico que coloca a Nuevo Laredo como un referente para Tamaulipas.
Con el programa “Impulso Nuevo Laredo” se logró reunir la bolsa de créditos más grande en la historia del estado para MiPymes, lo que refleja una apuesta clara por dinamizar la economía desde abajo, donde realmente late la fuerza productiva.
En tiempos en los que muchos gobiernos aún se pierden entre discursos y promesas, resulta relevante que se hable de 554 millones de pesos convertidos en créditos palpables, con 243 proyectos respaldados y empleos generados. Es la diferencia entre la retórica hueca y los resultados que tocan la vida de familias y emprendedores, quienes son el nervio real del desarrollo.
La apuesta de programas como “MiPyme Avanza” confirma que Nuevo Laredo entiende el valor de los pequeños negocios como cimiento del progreso. Si la prosperidad compartida es más que un eslogan, este modelo podría ser la ruta a seguir para otros municipios.
Porque al final, los emprendedores no necesitan discursos: necesitan terreno fértil, confianza y crédito. Y en esta frontera, parece que lo están encontrando.
ASI ANDAN LAS COSAS.
