Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Los hemos advertido desde aquí y hoy insistimos en el tema: la venta de drogas dentro y alrededor de las escuelas de Tamaulipas se está convirtiendo en un problema cada vez más preocupante, ante la indiferencia de las autoridades educativas y de seguridad pública que parecen no entender el peligro que representa para miles de estudiantes.
Desde hace mucho tiempo existen preocupaciones por la presencia de drogas entre los adolescentes, sobre todo en las escuelas Secundarias y de nivel medio superior, pero hasta ahora nadie ha explicado con claridad qué se está haciendo para impedir que esas sustancias lleguen a manos de los alumnos.
Lo sucedido esta semana en la Secundaria General Número 7 de Ciudad Victoria debería ser suficiente para encender las alarmas, luego de que una amenaza de disparos contra alumnos y maestros, difundida en redes sociales, obligó a movilizar policías para evitar que ocurriera una desgracia.
Claro que una cosa es esa amenaza y otra la venta de drogas, porque no hay pruebas de que estén relacionadas, pero ambas situaciones nos hablan de lo mucho que falta por hacer para garantizar que nuestros hijos puedan acudir a clases sin estar expuestos a tantos riesgos.
Y aquí es donde uno se pregunta qué están haciendo la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública, porque no basta con mandar patrullas cuando aparece una amenaza ni con organizar pláticas de vez en cuando, mientras el problema de las drogas sigue preocupando a las familias.
Porque si se sabe que hay personas vendiendo drogas cerca de las escuelas, lo lógico sería investigar quiénes son, dónde operan y cómo consiguen acercarse a los estudiantes, en lugar de esperar a que los padres denuncien o que algún muchacho termine metido en problemas.
Tampoco se vale dejarles todo el trabajo a los maestros y directores, que bastante tienen con atender a sus alumnos, porque perseguir vendedores de drogas no es su responsabilidad y mucho menos pueden hacerlo solos, sin el apoyo de quienes tienen la obligación de brindar seguridad.
La justificación de los docentes es válida: “Si denunciamos ponemos en riesgo la vida y además no vamos a resolver nada”. Por eso prefieren voltear hacia otro lado.
Desde luego que los padres también deben poner de su parte, estar pendientes de sus hijos y saber con quiénes se juntan, pero una cosa es cuidar lo que sucede en casa y otra muy distinta impedir que alguien les ofrezca drogas cuando están en la escuela.
Por eso sería bueno que los responsables de Educación y Seguridad Pública salieran a explicar qué están haciendo realmente para enfrentar este problema, cuántas escuelas han atendido y qué resultados tienen, porque hasta ahora no se conocen cifras suficientes que permitan saber si sus acciones están funcionando.
Lo ocurrido en la Secundaria 7 no debería quedar como una simple anécdota de policías vigilando una escuela, sino servir para revisar lo que está pasando en los planteles, porque sería imperdonable que las autoridades siguieran mirando hacia otro lado hasta que ocurra una desgracia.
EL RESTO.
El estallido de violencia que generó la captura de un líder criminal en Matamoros confirma el poder que tienen los grupos delincuenciales.
En cuestión de minutos son capaces de desquiciar, no solamente a una ciudad o municipio, sino a todo el Estado.
Y aunque hay respuesta de los gobiernos, la realidad es que la capacidad de las organizaciones de la delincuencia organizada es muy superior a la que puedan tener los gobiernos, en sus tres ordenes.
Esa es nuestra realidad. Aunque no la queramos reconocer y aunque el discurso oficial diga que vamos ganando la batalla.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
