Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
La muerte de dos trabajadores de la COMAPA en Padilla, ayer, no puede ser tratada como un simple accidente laboral. Es una tragedia que desnuda la falta de capacitación y prevención en organismos públicos que, a pesar de su relevancia social, operan con una alarmante precariedad.
Los hechos son dolorosos y contundentes. Dos empleados ingresaron a desazolvar una alcantarilla y murieron intoxicados por los gases acumulados en el interior. El propio director del organismo intentó rescatarlos, pero terminó hospitalizado en estado crítico.
¿Era inevitable la tragedia? La respuesta es no. Con protocolos adecuados, con equipo especializado y con la capacitación indispensable, los trabajadores no tendrían que haber arriesgado su vida de esa manera.
La muerte no debió asomarse en ese turno de trabajo. Fue la consecuencia directa de un sistema que deja en el abandono a quienes sostienen con su esfuerzo el servicio más básico: el agua.
Tamaulipas carga con la deuda moral de mirar a sus trabajadores como piezas desechables, y esa indiferencia institucional cobra vidas. Hoy Padilla suma su nombre a la lista de municipios donde se paga con sangre la ausencia de prevención.
Las COMAPAs en el estado suelen operar con recursos limitados, pero eso no justifica la carencia de medidas mínimas de seguridad. La austeridad no puede servir de excusa para exponer a la muerte a los empleados.
Capacitar, equipar y establecer protocolos claros no es un lujo. Es una obligación moral y legal de los gobiernos municipales que administran estos organismos.
El problema es que, en muchas ocasiones, las administraciones ven a las COMAPAs como botines políticos y no como lo que son: instituciones vitales para garantizar el derecho al agua.
Padilla no debe quedar como una anécdota más en el largo inventario de descuidos. Debe ser un parteaguas. Una llamada de atención para todos los municipios que hoy operan con improvisación.
La lección es clara: si no hay inversión en capacitación, si no hay protocolos de emergencia, si no se dota de equipo especializado, entonces no se está gobernando, se está administrando el abandono.
Y ese abandono se traduce en familias enlutadas, en hijos huérfanos, en esposas que esperan a un trabajador que nunca regresa a casa.
La responsabilidad es de quienes dirigen los organismos, pero también de quienes, desde el poder, miran hacia otro lado cuando se trata de seguridad laboral.
Hoy Padilla está de luto, pero mañana puede ser Reynosa, Mante o Tampico. Mientras no se actúe, el riesgo seguirá siendo cotidiano.
Los sindicatos también tienen una tarea pendiente: dejar de ser comparsas y levantar la voz por condiciones laborales dignas. No basta con el silencio cómplice mientras se firman convenios de papel.
El gobierno del estado debe asumir el liderazgo en este tema y emitir lineamientos obligatorios para todas las COMAPAs. No se trata de recomendaciones, sino de reglas firmes que obliguen a proteger a la base trabajadora.
Un trabajador de agua potable no debería jugarse la vida cada vez que baja a una alcantarilla. No es una misión heroica: es una tarea cotidiana que debe hacerse con seguridad.
La tragedia de Padilla debe dolernos a todos. Pero, más aún, debe servir como un recordatorio de que en Tamaulipas la vida de los trabajadores no puede seguir dependiendo de la improvisación.
Que estas muertes no sean en vano. Que sean la última llamada antes de que volvamos a llorar otra tragedia anunciada.
EL RESTO.
La renuncia de la diputada, Ana Laura Huerta, al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para pasarse a la bancada de Morena, era un hecho “cantado” desde el pasado fin de semana cuando la dirigencia de ese instituto político “destapó” a, Maki Esther Ortiz Domínguez, como su eventual candidata a la gubernatura.
Y aunque la neolaredense diga que fue una decisión personal y que se une a la bancada de Morena porque la han apapachado mucho, en realidad solo atendió instrucciones.
ASI ANDAN LAS COSAS.
