Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Diputados de Morena impulsan una iniciativa de decreto que busca blindar por ley a los adultos mayores contra los trabajos forzados o indignos, con una reforma que pretende cerrar vacíos legales y castigar cualquier abuso que atente contra su dignidad y salud.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Francisca Castro Armenta, y plantea adicionar una fracción VI al artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en Tamaulipas, incorporando como principio rector la prohibición de imponer actividades que resulten degradantes, riesgosas o que vulneren la integridad física o mental de las personas mayores.
De aprobarse, la reforma significaría un paso relevante en la armonización de la legislación local con los compromisos internacionales asumidos por México, particularmente con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como con el Protocolo de 2014 del Convenio 29 de la OIT, ratificado por el país en 2023.
Castro Armenta recordó que el envejecimiento poblacional es una realidad ineludible. Actualmente, el 12 por ciento de la población mexicana tiene más de 60 años y, de ese grupo, el 6.4 por ciento son mujeres, debido a su mayor esperanza de vida. Este fenómeno, conocido como feminización de la vejez, plantea desafíos económicos y sociales que hacen indispensable reforzar los mecanismos de protección.
La legisladora advirtió que, en muchos casos, las personas mayores siguen desempeñando actividades remuneradas pese a su edad avanzada, ya sea porque no cuentan con pensión, porque sus ingresos son insuficientes o porque enfrentan situaciones de vulnerabilidad patrimonial. En este contexto, señaló que la ausencia de una norma clara ha propiciado escenarios de explotación encubierta en ámbitos familiares, comunitarios o institucionales.
La iniciativa sostiene que, aunque la ley estatal ya contempla principios como respeto, igualdad y protección, no establece de manera explícita la prohibición de trabajos forzados o indignos, lo que ha permitido vacíos de interpretación y dificultades en la aplicación de sanciones.
Entre las ventajas de la reforma, se destaca que brindará claridad normativa, evitará interpretaciones ambiguas, reforzará la capacidad de sanción de las autoridades y alineará la legislación local con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y trabajo digno.
La propuesta también contempla que la reforma pueda servir como base para diseñar políticas públicas y protocolos de actuación específicos, además de campañas de concientización social que visibilicen esta forma de abuso hacia un sector que enfrenta condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, Castro Armenta subrayó que la reforma no pretende limitar la autonomía de las personas mayores que, por decisión propia, deseen seguir trabajando, sino protegerlas de la explotación, los abusos y la imposición de tareas que comprometan su bienestar integral.
