Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Diputados del PAN propusieron que las cámaras empresariales y asociaciones civiles sean reconocidas como víctimas en casos de extorsión, con facultades para denunciar, intervenir en el proceso penal y garantizar la reserva de identidad de los afectados.
La propuesta fue planteada este lunes ante la Diputación Permanente, con el objetivo de que el Congreso del Estado emita un Punto de Acuerdo para promover una reforma constitucional y legal ante el Congreso de la Unión.
El proyecto plantea modificar la Constitución federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma busca ampliar el concepto de víctima para incluir a las organizaciones que representan a personas o empresas afectadas, permitiendo así su intervención formal dentro del proceso penal.
También propone reforzar el derecho de las víctimas a la reserva de su identidad, particularmente en casos de extorsión, con el fin de prevenir represalias.
Los promoventes argumentaron que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor impacto económico y social en el país, con cifras del INEGI que reportan 747 mil casos en 2023, equivalentes a 1,562 por cada 100 mil unidades económicas. En estados como Tamaulipas, la modalidad de “cobro de piso” ha golpeado directamente a comerciantes, prestadores de servicios y pequeñas empresas.
En ese sentido, la iniciativa subraya que las amenazas, daños y actos violentos ejercidos por grupos delictivos no sólo lesionan el patrimonio de las víctimas directas, sino que afectan bienes jurídicos colectivos como la seguridad, la paz pública y el derecho a la justicia, lo que justificaría la participación de las organizaciones que agrupan a los afectados.
El planteamiento incluye reformar el artículo 20 constitucional para que los jueces puedan autorizar el resguardo de identidad en casos de extorsión y delincuencia organizada, así como el artículo 6 de la Ley General de Víctimas para que las asociaciones y cámaras con objeto social en prevención del delito puedan ejercer derechos y recursos legales en nombre de sus agremiados.
También propone adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para uniformar criterios sobre el reconocimiento de víctimas, y reformas a la Ley de Cámaras Empresariales para que estas entidades puedan interponer denuncias y actuar en defensa de sus afiliados en materia de extorsión.
En la exposición se señala que una mayor participación de la sociedad civil organizada en la investigación de delitos puede contribuir a combatir la impunidad, al fungir como un contrapeso natural frente a las autoridades ministeriales y de seguridad.
Asimismo, se destaca la necesidad de romper con la visión tradicional de que el ministerio público es el único representante social, pues ello limita la actuación de quienes han sido afectados y fomenta la discrecionalidad en la procuración de justicia.
La propuesta panista fue turnada a comisiones para su análisis, aunque se subrayó que el tema tiene relevancia nacional y podría integrarse a la discusión de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno Federal.
