Por Rogelio Rodríguez Mendoza/ Noticentro.mx
El gobernador, Américo Villarreal Anaya, presentó al Congreso del Estado una iniciativa para que se autorice al Poder Ejecutivo a contratar un financiamiento por hasta mil millones de pesos, a través del mercado bursátil y con cargo al Fondo General de Participaciones.
La propuesta contempla destinar esos recursos exclusivamente a inversión pública productiva en áreas como obra pública, equipamiento, compra de inmuebles y mejora de servicios públicos, bajo los lineamientos del Clasificador por Objeto del Gasto del CONAC.
El financiamiento no se contrataría con la banca tradicional, sino mediante la emisión de títulos de deuda —también llamados certificados bursátiles— que se colocarán en la Bolsa Mexicana de Valores y estarán disponibles únicamente para inversionistas mexicanos.
El pago de esta deuda se garantizará con un porcentaje de las participaciones federales que recibe el Estado, concretamente el 2.31 por ciento del Fondo General de Participaciones, excluyendo lo que corresponde a los municipios.
La iniciativa fue recibida este lunes por la Diputación Permanente, la cual fue citada a una segunda sesión a las 15:00 horas —tras una primera celebrada a las 11:30— en la que se prevé que la solicitud sea aprobada.
Según el documento, el financiamiento podrá formalizarse en 2025 o 2026, con un plazo máximo de hasta 25 años y un periodo de gracia de hasta 36 meses. Todo el proceso deberá cumplir con las normas de disciplina financiera y deuda pública.
El gobierno afirma que la operación se encuentra dentro del rango de endeudamiento sostenible, ya que se apega al techo financiero aprobado para 2025, equivalente al 15 por ciento de los ingresos de libre disposición del Estado.
La colocación de los valores se hará únicamente entre inversionistas mexicanos, y se prohibirá expresamente su venta a extranjeros, organismos internacionales o entidades foráneas, tal como lo establece la legislación vigente en materia de deuda pública.
El financiamiento cubriría, entre otros proyectos, la adquisición de equipo médico, mobiliario para oficinas públicas, vehículos, maquinaria, así como obras de infraestructura estatal en bienes de dominio público.
La Secretaría de Finanzas será responsable de gestionar y formalizar el financiamiento, y coordinará la selección de proyectos junto con la Oficina del Gobernador, con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2023–2028.
También se contempla que si alguno de los proyectos designados no pudiera concretarse, los recursos podrán reasignarse a otros rubros previamente autorizados, dentro del marco de inversión pública productiva.
El decreto faculta a la Secretaría de Finanzas para emitir los valores, establecer fideicomisos, celebrar contratos y adoptar esquemas de aseguramiento que permitan obtener mejores condiciones de mercado.
El Ejecutivo argumenta que este mecanismo permitirá atender necesidades urgentes del estado, sin comprometer la estabilidad fiscal ni violar la normatividad vigente. La aprobación del Congreso requiere el voto favorable de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes.
