Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Hasta ocho años de prisión y multas de 15 mil 840 pesos se impondría en Tamaulipas a quien robe colmenas, miel o material apícola.
Lo anterior, en caso de aprobarse una iniciativa que busca proteger la economía rural y el equilibrio ambiental del estado.
La propuesta, presentada por el diputado Marco Antonio Gallegos Galván, de Morena, fue turnada a comisiones legislativas. Su objetivo es adicionar el artículo 413 BIS al Código Penal, para sancionar de forma específica una práctica que ha crecido en los últimos años y que afecta directamente a productores locales.
Además del robo, la reforma contempla castigar otras conductas como comercializar productos apícolas robados, destruir apiarios, alterar marcas de identificación de colmenas, o marcar colmenas ajenas como propias. También se sancionaría a autoridades que, con conocimiento, autoricen operaciones con insumos de procedencia ilegal.
El legislador subrayó que la apicultura en Tamaulipas representa una actividad productiva relevante, particularmente en municipios del centro y sur del estado, como González, Llera, Hidalgo, Padilla y Victoria, donde se concentra el 74% de la producción estatal.
Se estima que el valor económico de esta producción alcanza los 34 millones de pesos anuales, con miel reconocida por su sabor y calidad, especialmente la de azahar, mezquite y multiflora, que es demandada por compradores de otras entidades e incluso exportada a Europa.
Gallegos destacó que la Ley para el Fomento de la Apicultura en el Estado ya permite acreditar la propiedad de las colmenas mediante marcas registradas, lo cual da sustento jurídico para configurar el delito de robo y facilitar su persecución penal.
La propuesta también incluye un agravante: si el apoderamiento ilícito ocurre sobre dos o más colonias de abejas en un mismo apiario, la pena podría aumentar hasta en una mitad.
Se trata, dijo el legislador, de proteger no sólo el patrimonio, sino un servicio ecosistémico clave como es la polinización.
Con esta reforma, el Congreso busca cerrar la puerta a la impunidad y respaldar a los apicultores, cuyo trabajo no solo genera empleos e ingresos, sino que es esencial para la seguridad alimentaria y la conservación ambiental.
