Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (Codhet), podrían ser sancionados penal o administrativamente, establece una iniciativa de decreto presentada este martes ante el Congreso del Estado.
La acción legislativa impulsada por el diputado morenista, Marco Antonio Gallegos Galván, plantea reformar el artículo 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a fin de armonizarlo con la Constitución federal y con los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
La propuesta establece que, cuando una autoridad rechace o no cumpla una recomendación, deberá explicar públicamente su decisión a través del Periódico Oficial del Estado y en medios institucionales.
De persistir en su negativa, el Congreso podrá llamarla a comparecer en audiencia pública para que rinda cuentas ante los legisladores.
Se busca también que la Comisión informe de manera bimestral al Congreso sobre las recomendaciones no cumplidas o rechazadas, a fin de fortalecer el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos y evitar que las recomendaciones se conviertan en simples exhortos sin consecuencias.
De acuerdo con el promovente, la reforma responde a una necesidad urgente: actualmente, muchas recomendaciones aceptadas por autoridades estatales o municipales se quedan sin cumplir, a pesar de que la ley marca plazos específicos para atenderlas.
En caso de que las autoridades persistan en su negativa y no logren justificarla ante el Congreso, la Comisión podrá denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado o ante la autoridad administrativa competente, a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos.
Gallegos Galván destacó que, si bien las recomendaciones no son legalmente vinculantes, tienen un valor ético y moral que obliga a las autoridades a atenderlas por respeto a la dignidad de las víctimas. “Ningún funcionario debería aparecer ante la ciudadanía como enemigo de los derechos humanos”, puntualizó.
La propuesta también faculta directamente al Congreso, sin necesidad de solicitud previa por parte de la Comisión, para citar a comparecer a funcionarios omisos. Esta atribución se fundamenta en su papel como órgano representativo del pueblo y custodio del orden constitucional.
El legislador sostuvo que este nuevo marco legal dotará de mayor fuerza a las resoluciones del Ombudsperson tamaulipeco, y contribuirá a reducir la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos en el ámbito estatal y municipal.
