Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El uso de internet en la infancia y adolescencia se ha convertido en una necesidad cotidiana, pero también en una fuente creciente de riesgos. Ante esta realidad, fue presentada una iniciativa en el Congreso de Tamaulipas para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar un entorno digital libre de violencia.
La propuesta plantea que el Estado asuma como responsabilidad explícita la promoción de políticas públicas para prevenir, detectar y sancionar delitos como el grooming, la sextorsión, el ciberacoso y la exposición a contenido nocivo, todo ello mediante un marco legal más robusto y específico.
El planteamiento incluye la reforma del artículo 69 Ter de dicha ley, con el fin de establecer el derecho de niñas, niños y adolescentes a navegar en Internet de forma segura, y la obligación de las autoridades educativas, de seguridad, salud y justicia de implementar programas permanentes de protección digital.
Se reconoce que los menores están inmersos en el mundo digital desde edades tempranas, pero no cuentan con una supervisión efectiva frente a los peligros que este entorno representa. La iniciativa busca cerrar ese vacío legal a nivel estatal y armonizar la legislación con recientes reformas federales en la materia.
Datos del INEGI revelan que en México, el 88.3% de los adolescentes y el 60.5% de los niños de entre 6 y 11 años tienen acceso constante a Internet. En Tamaulipas, esta conectividad se encuentra por encima del promedio nacional, lo que incrementa la exposición a delitos cibernéticos sin una protección legal local adecuada.
El proyecto también propone campañas de educación y sensibilización dirigidas tanto a menores como a sus padres y tutores, para fomentar un uso responsable de las tecnologías y reducir los riesgos vinculados a la sobreexposición digital.
El documento fue turnado a comisiones para su estudio y dictamen. De ser aprobada, la reforma obligaría a las instituciones del Estado a garantizar no sólo el acceso a las tecnologías, sino también su uso en condiciones de seguridad, dignidad y respeto a la integridad de los menores.
La iniciativa subraya que, ante el crecimiento de los delitos digitales, la protección infantil en Internet no puede seguir siendo una aspiración, sino una obligación legal del Estado.
