«Una consideración primaria al decidir si procede una investigación o acción de aplicación de la FCPA, es si la supuesta mala conducta está asociada con las operaciones criminales de un Cártel u TCOs (Organizaciones Criminales Transnacionales).
«(Además si) utiliza lavadores de dinero o empresas fachada que participan en lavado de dinero para Cárteles o TCOs; o está vinculada a empleados de entidades estatales u otros funcionarios extranjeros que han recibido sobornos de Cárteles o TCOs», señala el memorándum.
«La aplicación de esta ley va priorizar casos relacionados que estén vinculados a transacciones y apoyo material a cárteles, lo cual tiene especial relevancia para México debido a la reciente denominación de seis cárteles como organizaciones terroristas», indicó la abogada Estefanía Medina, experta en litigios estratégicos para combatir la corrupción.
Las investigaciones, señaló, no solo podrán enfocarse en los funcionarios públicos que recibieron los sobornos, sino también en aquellas empresas que sirvieron para blanquear los recursos ilícitos.
«Esto implica un incremento en el riesgo de potenciales investigaciones para empresas que operan en México, por lo que los trabajos de prevención y de acuerdos, especialmente en el sector financiero, son cruciales en este momento», dijo.
Preocupa huachicol
El diario británico Financial Times (FT) señaló ayer que durante décadas, los grupos criminales en México han robado combustible del Pemex, pero en los últimos años, esto se ha visto eclipsado por una nueva y avanzada forma de contrabando: el diésel y la gasolina que cruzan la frontera desde EU por camión, tren o mar.
En un amplio reportaje, destacó que vastas redes del crimen organizado, algunas vinculadas a cárteles de la droga como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se aprovechan de las políticas de importación mexicanas y utilizan sobornos, coerción y violencia para contrabandear combustible desde EU e inundar el mercado con diésel y gasolina a precios reducidos.
Estimaciones de los últimos cinco años sugieren que el diésel y la gasolina ilegales representan entre el 16% y el 27% del consumo anual de combustible en México, es decir, entre 172,000 y 290,000 barriles diarios. Esto podría tener un valor final de venta al por menor de entre 12,000 y 21,000 millones de dólares al año.
