Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
En Tamaulipas se busca que el Código Penal contemple como legítima defensa los casos en que una persona con discapacidad reaccione ante una agresión, o bien sea defendida por un tercero, bajo condiciones de violencia física, sexual o feminicida.
La propuesta legislativa plantea juzgar estos actos con perspectiva de discapacidad, como ya ocurre con las mujeres víctimas de violencia de género.
La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Marco Antonio Gallegos Galván, quien propuso reformar los párrafos segundo y tercero de la fracción XI del artículo 32 del Código Penal del Estado. Su intención es garantizar que las personas con discapacidad cuenten con protección legal efectiva cuando sean víctimas de violencia.
El legislador explicó que el principio de legítima defensa es una causa de justificación que exime de responsabilidad penal a quien repele una agresión ilegítima. En ese sentido, la reforma busca que esa protección jurídica también se aplique tomando en cuenta la condición de vulnerabilidad de las personas con discapacidad.
La propuesta plantea que, al igual que ocurre en casos de violencia de género, se juzgue con perspectiva de discapacidad cualquier acto de defensa ejercido por o en favor de personas con discapacidad, reconociendo los obstáculos físicos, cognitivos o sociales que enfrentan para acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
La redacción propuesta especifica que se presumirá legítima defensa cuando se cause daño al agresor con el propósito de cesar una conducta violenta contra una persona con discapacidad, en situaciones donde esté en riesgo su integridad. Además, establece que los jueces deberán aplicar criterios acordes a la legislación local y general en materia de derechos humanos.
Gallegos Galván fundamentó la iniciativa en los tratados internacionales firmados por México, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado a garantizar la protección efectiva de este grupo social frente a cualquier tipo de violencia.
De ser aprobada, la reforma representaría un avance en materia de justicia incluyente, al reconocer legalmente el derecho de las personas con discapacidad a defenderse —o ser defendidas— ante agresiones, sin que ello implique una penalización desproporcionada por su condición.
