Por Rogelio Rodríguez Mendoza
Opacos, lejanos y cuestionados, los poderes judiciales locales enfrentan un severo déficit de legitimidad. La ciudadanía desconfía de ellos, los percibe corruptos y ajenos a sus necesidades. Para la organización México Evalúa, la única vía para revertir esa desconfianza es la transparencia real y efectiva, más allá de lo que dicta la ley.
La falta de apertura institucional, más que el modo de designar a jueces o magistrados, es el verdadero problema estructural. Aunque desde 2015 la Ley General de Transparencia estableció obligaciones específicas para los poderes judiciales, el cumplimiento ha sido desigual y, en muchos casos, simbólico.
La ONG advierte que, esa opacidad alimenta la percepción de impunidad y corrupción.
“La transparencia no puede seguir siendo una obligación formal ni una decisión discrecional. Debe ser el mecanismo a través del cual los poderes judiciales reconstruyan su vínculo con la sociedad. Solo así podrán dejar de ser vistos como estructuras lejanas y convertirse, al fin, en instituciones confiables” sentenció.
La situación se ha agravado tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), cuyo desmantelamiento dejó sin dientes al sistema de acceso a la información. Hoy, la transparencia en los poderes judiciales locales depende exclusivamente de la voluntad política de cada entidad, lo que ha generado nuevos riesgos para la rendición de cuentas.
Frente a este escenario, México Evalúa identifica cuatro oportunidades clave para revertir la desconfianza. La primera: enmendar las constituciones estatales para elevar los estándares de transparencia, incluyendo el principio de máxima publicidad, reglas claras sobre reservas de información y mecanismos eficaces de impugnación ciudadana.
Una segunda medida es transparentar el uso de los recursos públicos asignados al sistema judicial, en especial ahora que nuevos órganos de administración sustituyen a los consejos de la judicatura. Si no se exige rendición de cuentas a estos órganos, la autonomía judicial se debilita y el riesgo de corrupción crece.
La organización también propone publicitar las audiencias judiciales y permitir el acceso a sus videograbaciones. Esta herramienta permite evaluar el desempeño de las personas juzgadoras y acercar la justicia a la ciudadanía. Actualmente, las políticas de acceso a estas grabaciones son desiguales y poco efectivas.
La cuarta recomendación es mejorar la recopilación y procesamiento de datos estadísticos sobre el funcionamiento de los tribunales. México Evalúa alerta sobre la reducción significativa de información en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2024, lo que limita el análisis independiente del sistema judicial.
