Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Secretaría de Seguridad Pública podría asumir oficialmente el control del tránsito en Tamaulipas.
Una iniciativa de reforma busca facultarla como autoridad en movilidad, con atribuciones para prevenir accidentes, regular el tráfico y supervisar el transporte público.
El objetivo: reducir muertes viales y mejorar la seguridad en las calles.
La propuesta fue presentada por la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, del Partido Verde Ecologista de México, y contempla una serie de modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado de Tamaulipas, entre ellas, adicionar el artículo 27 Bis para establecer las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública en esta materia.
De ser aprobada, la reforma permitiría que la Secretaría de Seguridad Pública no solo coordine el tránsito y la prevención de accidentes, sino que también impulse una movilidad más eficiente, ordenada y sustentable.
La legisladora argumentó que la movilidad debe garantizar condiciones de seguridad vial, y que esta dependencia tiene el perfil operativo e institucional para asumir esa tarea.
Actualmente, la ley reconoce como autoridades en movilidad al Poder Ejecutivo, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Secretaría de Obras Públicas, los ayuntamientos y otras dependencias municipales.
Sin embargo, no incluye a la Secretaría de Seguridad Pública, pese a que desde mayo de 2024 se creó la Dirección de Tránsito Estatal, adscrita a esta dependencia, con funciones expresas en regulación y control vehicular.
La iniciativa también propone que la Secretaría de Seguridad Pública forme parte del Sistema Estatal de Movilidad, junto a otras instituciones como el DIF, el Instituto de las Mujeres y los municipios.
De esta manera, podría incidir en la formulación de políticas públicas en movilidad y seguridad vial, así como coordinar esfuerzos interinstitucionales para atender de manera integral el problema de los accidentes viales.
Entre las nuevas atribuciones que se le pretenden otorgar destacan: coordinar políticas públicas en movilidad con los tres niveles de gobierno, ejecutar programas de prevención de accidentes, implementar operativos de seguridad vial, emitir lineamientos técnicos, vigilar al transporte público y fomentar el uso de medios alternativos al automóvil.
También estaría facultada para gestionar un sistema estatal de datos sobre siniestralidad vial.
