Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Amenazar con difundir imágenes íntimas, videos o archivos privados —incluso manipulados con inteligencia artificial— podría considerarse delito de extorsión en Tamaulipas, si prospera una iniciativa de reforma al Código Penal presentada por la diputada morenista Úrsula Patricia Salazar Mojica.
Además, la propuesta también busca sancionar penalmente a quienes utilicen software malicioso, conocido como “malware”, para bloquear el acceso a sistemas o archivos personales, con la intención de exigir pagos a cambio de su liberación.
Ambas prácticas se han vuelto frecuentes en entornos digitales y representan nuevas formas de coacción emocional y patrimonial.
La iniciativa plantea reformar el artículo 426 del Código Penal del Estado, adicionando dos nuevas fracciones para castigar estas conductas bajo el tipo penal de extorsión, al considerarlas una amenaza directa a la seguridad, la dignidad y la privacidad de las personas.
Actualmente, dicho artículo contempla una sanción de diez a quince años de prisión, además de una multa de dos mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Estas penas podrían aplicarse también a quienes incurran en extorsión digital, una vez que la reforma sea aprobada y publicada.
De manera específica, se propone que se castigue a quien, por cualquier medio digital o a través de redes sociales, grupos de mensajería o aplicaciones, amenace con difundir contenido personal —real o manipulado— con la intención de obtener un lucro o perjudicar a la víctima o a terceros. También se sancionaría el uso de programas que secuestren información sensible para exigir un rescate.
Salazar Mojica afirmó que esta iniciativa busca brindar certeza jurídica a las víctimas de extorsión digital, actualizar el marco penal ante las nuevas tecnologías y proteger los derechos fundamentales de las personas en el entorno virtual.
“No podemos permitir que las nuevas formas de violencia encuentren refugio en vacíos legales”, sentenció.
