Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El próximo 16 de marzo se cumplirán dos años desde que el agente de la Policía Estatal de Tamaulipas, (ahora Guardia Estatal), Christopher Rivera Cervantes, perdió la vida durante una emboscada de la delincuencia organizada en Río Bravo.
Sin embargo, a cuatro días de cumplirse el segundo año de aquel fatal día en que el joven victorense murió en cumplimiento de su deber, su familia sigue padeciendo el desdén de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, que le han negado el pago del seguro de vida al que tenía derecho su hijo.
Han sido dos años de pretextos.
“El dinero ya está, pero no hay quién firme (la entrega)”, fue lo último que le dijeron al padre de Christopher, Tereso Rivera.
El funcionario que lo atendió le explicó que, como hubo un cambio de titular en la dirección de Administración, el actual tiene calidad de interino y por lo tanto está impedido para autorizar pagos.
“Hasta que no le entreguen su nombramiento no se podrá pagar el seguro. Pero el dinero ya está aquí (en la Secretaría). Yo lo vi”, insistió el funcionario, ante la molestia e indignación de un padre de familia que en dos años se ha enfrentado al terrible burocratismo gubernamental.
No solamente tuvo que padecer el dolor de perder a su único hijo varón. También ha padecido el abandono de una secretaría que en el discurso dice abogar por los derechos de los policías, pero en la realidad hace todo lo contrario.
“Yo estoy agradecido con el gobernador, Américo Villarreal Anaya, porque autorizó que el seguro de vida de mi hijo se pagara a pesar de las irregularidades en que el anterior gobierno incurrió con la póliza. Sin embargo, el problema lo están haciendo en la Secretaría de Seguridad Pública” explicó.
“Incluso casi estoy seguro de que el secretario de Seguridad Pública (Sergio Hernando Chávez) tampoco sabe lo que están haciendo sus colaboradores” dijo.
