Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El gobernador, Américo Villarreal Anaya, envió al Congreso del Estado sus propuestas de adecuación a las leyes secundarias que regularán la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de Tamaulipas, a celebrarse el primer domingo de junio del 2025.
Se trata de reformas a la Ley Electoral del Estado y la Ley de Medios de Impugnación.
En la exposición de motivos, el mandatario estatal recordó que, el 18 de noviembre pasado fue publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), el decreto 66-67, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la constitución en materia de reforma al Poder Judicial.
Ese decreto impuso un plazo de 60 días naturales para adecuar las leyes secundarias y con ello dar viabilidad a las personas juzgadoras.
Por lo que hace a la Ley Electoral, la reforma dará competencia al Instituto Electoral de Tamaulipas para organizar la elección de personas juzgadoras y faculta a su Consejo General para emitir los acuerdos, lineamientos y demás normativa que estime necesaria para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables a estos.
En ese sentido, en la propuesta se agrega un Libro Noveno que contiene, entre otros, los siguientes rubros: De la integración del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; De la participación de la ciudadanía en la elección del Poder Judicial; Requisitos de elegibilidad de las personas juzgadoras; Del Proceso Electoral de las personas juzgadoras; De las etapas del proceso de elección de las personas juzgadoras; y del proceso para la postulación de candidaturas.
Por lo que hace a la Ley de Medios de Impugnación Estatales, la propuesta contiene reglas para la realización de las notificaciones por medios electrónicos que facilitarán las tareas del Tribunal Electoral y permitirán notificaciones más ágiles con un ahorro de recursos.
También se incorporan disposiciones para que las personas que aspiren a cargos del Poder Judicial puedan tener la calidad de actoras y, en su caso, terceras interesadas en los medios de impugnación.
Se cambia la denominación del «recurso de defensa de derechos político electorales del ciudadano» a «juicio de la ciudadanía» para hacerlo más sencillo e incluyente, estableciendo que también resultará procedente para impugnar los actos y resoluciones de las autoridades responsables cuando teniendo interés jurídico, consideren que indebidamente se afecta su derecho político-electoral para integrar y/o ejercer los cargos del Poder Judicial electos por voto popular.
Se crea el «juicio electoral» para dotar de un medio de defensa específico a quien se inconforme por actos y resoluciones en la elección de personas juzgadoras, distintos a los supuestos de procedencia del juicio de la ciudadanía y del recurso de inconformidad. Además, en el recurso de inconformidad se legitima a las personas candidatas a cargos de elección del Poder Judicial para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales que violen normas constitucionales o legales, en los términos previstos en la Ley; asimismo se agregan las reglas de nulidad de la votación recibida en casilla y de nulidad de la elección, entre otras propuestas.
