Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
NO SE PIERDE MUCHO.- La desaparición del Itait, el organismo garante del derecho a la información pública, la transparencia y protección de datos personales, en Tamaulipas, es inminente.
Se prevé que esta misma semana quede aprobada y en vigor la reforma constitucional que exterminará al INAI y otros siete organismos autónomos, y después de eso no hay la mínima posibilidad de que sus pares en los estados se salven.
Sin embargo, contrario a lo que ocurrirá a nivel federal, donde el daño para la sociedad será terrible por la desaparición del INAI, en lo local no se perderá mucho con la eliminación del Itait.
Desde este espacio hemos denunciado con recurrencia el pobre trabajo realizado por el instituto tamaulipeco, que se ha dedicado a justificar su existencia con la impartición de cursos de capacitación, en vez de abocarse a abatir el enorme rezago de recursos de revisión por parte de ciudadanos a quienes las instancias públicas les niegan la información solicitada.
El gran problema del Itait, como el de otros órganos autónomos, es que desde su creación ha sido utilizado para darle chamba a los amigos o compadres de los gobiernos locales, con lo cual se les resta independencia y autonomía a los
comisionados.
Por ejemplo, los actuales comisionados, comenzando por la presidenta, tienen un fuerte vínculo con el PAN y particularmente con el cabecismo, y así nada más no se puede.
¿PRESIDENTA O PRESIDENTE?.- Consumado el desafuero de Edgar Danés Rojas, el Pleno del Tribunal Electoral de Tamaulipas, (Trieltam), quedó en libertad para designar al magistrado presidente.
Dos son los juzgadores electorales que tienen derecho a ocupar la oficina que ocupaba Danés Rojas. Se trata de Blanca Hernández y Osiris René Sánchez Rivas.
Cualquiera que resulte electo, tendrá que darse prisa en tratar de dignificar la imagen del tribunal, que ha resultado tan deteriorada por el pleito interno entre los magistrados y sobre todo por los escándalos mediáticos en que lo sumió Danés.
De entrada, la nueva presidenta o presidente tendrá que reactivar las sesiones presenciales del Pleno, porque ya suman cuatro años en que el Trieltam se la ha pasado sesionando a distancia, o como coloquialmente se dice, en lo oscurito.
No hay una sola instancia de gobierno en el país que siga usando la pandemia del Covid, como pretexto para sesionar a través de internet, salvo, obviamente, el Tribunal Electoral de Tamaulipas.
Desde luego, los cuatro magistrados restantes tendrán que dejar de lado sus rivalidades o rencillas y abocarse a desahogar la gran cantidad de asuntos que tienen en cartera.
Por lo demás, será interesante saber a quien designará el Senado de la República para suplir a Danés. Nos dicen que son varios los que ya andan tocando puertas en la “4T”, porque quien resulte electo tendrá que tener el aval de ese partido.
¿CÓMO LE HARÁN?.-Todo un reto enfrentarán los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, para encontrar suficientes aspirantes a jueces y magistrados.
Y es que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito federal, donde los sueldos de juzgadores federales son un verdadero atractivo, en lo local las percepciones salariales no despiertan el mínimo interés entre los profesionales del Derecho.
Aquellos abogados con trayectoria, experiencia y reconocimiento social, difícilmente se atreverán a dejar su cartera de clientes para ir a enfrentarse al agobio que representa el enorme rezago que enfrentan los tribunales jurisdiccionales a cambio de sueldos que no rebasan los 40 mil pesos mensuales.
Con el añadido de que, saben que al final de todo será la línea política y no los votos los que decidirán quienes quedan como jueces y magistrados.
De hecho, nos dicen que ni siquiera los integrantes del mismo Poder Judicial están mostrando interés por registrarse como candidatos y jueces.
Ante ello, será interesante ver o saber cómo le hacen las autoridades para reunir el mínimo de candidatos que exige la reforma constitucional para competir en la elección a celebrarse el primer domingo de junio del 2025.
Una eventual opción será que cada Poder público obligue a su personal a registrarse como candidatos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
