Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El gobernador, Américo Villarreal Anaya, envió al Congreso local la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial del Estado, entre cuyos puntos más relevantes destaca la elección por voto popular de todos los magistrados y jueces del Poder Judicial de Tamaulipas.
La acción legislativa, que fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y dictamen, busca homologar la reforma de la constitución federal a la carta magna del estado.
De acuerdo a lo que establece la acción legislativa presentada por el mandatario estatal, la elección de los nuevos juzgadores estará organizada por el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), y se realizará el primer domingo de junio del 2025.
Quienes resulten electos deberán asumir el cargo el uno de octubre del 2025, lo que significará el reemplazo de los actuales magistrados y 111 juzgadores.
El Congreso del Estado será el encargado de emitir la convocatoria para la elección respectiva a más tardar el 12 de febrero próximo.
Cada uno de los tres Poderes públicos –el Ejecutivo, Judicial y Legislativo—contará con un comité de evaluación que se encargará de integrar un listado de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, y de cuatro personas para cada cargo de juzgador de primera instancia y menor.
Posteriormente, del listado que aporten los comités de evaluación, cada Poder postulará a tres candidatos para cada magistratura y dos para cada juzgado.
De esa manera, serán electos por voto popular los 10 magistrados de número del Supremo Tribunal de Justicia; el titular de la magistratura supernumeraria; los magistrados regionales; los magistrados que integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; y 103 jueces y juezas de primera instancia y menores.
Las 5 personas que resulten electos como magistrados de pleno, con la votación más alta, durarán en su cargo 11 años; en tanto que las cinco que sean electas con menos votos, serán designadas para un periodo de 8 años.
El titular de la Sala Supernumeraria permanecerá en el cargo 8 años, en tanto que los magistrados regionales tendrán un periodo de 8 a 11 años, dependiendo de que hayan sido los menos o más votados en la elección.
Los actuales magistrados y magistradas podrán registrarse para competir en la elección, pero de resultar ganadores solo se desempeñarán por el tiempo que les faltaba para concluir el periodo para el que habían sido designados.
Los jueces y juezas electos tendrán un periodo de ejercicio de 8 años.
Los nuevos juzgadores de primera y segunda instancia, y menores, tendrán derecho a ser reelectos.
Cuando uno de los cargos quede vacante por renuncia, defunción o destitución del titular, será designada la persona que haya obtenido el segundo lugar en la elección, y en caso de declinación o imposibilidad seguirá la persona en orden de prelación.
Sus salarios no podrán ser mayores a los del gobernador y del presidente de la República.
Durante el periodo de campaña, que no deberá durar más de 60 días, no podrán recibir financiamiento público o privado.
Los aspirantes a magistrados y jueces deberán acreditar una calificación mínima de ocho en lo general, y de 9 puntos en la materia para la que se postulen. Tendrán que acreditar una experiencia mínima de cinco años.
El actual consejo de la judicatura será extinguido para ser reemplazado por el Tribunal de Disciplina Judicial, que estará integrado por cinco magistrados que durarán en su encargo seis años.
Será creado también un órgano de administración judicial, que se encargará de la administración y la carrera judicial del Poder Judicial del Estado. Lo integrarán cinco personas que serán designadas para un periodo de seis años.
