Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El grupo parlamentario del PAN está empujando una reforma de ley para ponerle “candados” al otorgamiento de contratos de proveeduría de forma directa por parte de los ayuntamientos.
El diputado, Edmundo Marón Manzur, señaló que la reforma se requiere porque durante los últimos años distintas se han estado otorgando contratos de proveeduría sin licitar, pretextando caso fortuito o fuerza mayor, cuando en realidad estos factores los provocó la misma instancia pública.
Citó como ejemplo, el otorgamiento, por parte del gobierno federal, de nueve contratos con valor de 100 millones de dólares, para contratar “pipas” que distribuyeran gasolina en el país luego de que se ordenó el cierre de los ductos de distribución de combustibles bajo el pretexto del combate al “huachicol”.
Otro ejemplo ocurrió con la compra de medicamentos mediante adjudicaciones directas, a precios muy caros.
“El gobierno canceló los contratos con las empresas que desde siempre habían suministrado los insumos y generó un desabasto enorme que luego tuvo que resolver comprando de forma directa y a precios muy caros, alegando otra vez urgencia” refirió.
“En ese sentido la propuesta es muy clara: se trata de evitar que en los siguientes gobiernos, estatales y municipales, ante las eventuales urgencias por falta de agua, desabasto de medicamentos, incendios, apagones, y otras calamidades derivadas de la mala previsión; evitemos que las mismas sirvan de pretexto a los corruptos para hacer su agosto” añadió.
Para ese efecto, la bancada panista presentó una iniciativa de decreto para reformar el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado y los municipios.
Dicho artículo señala actualmente que: “La selección del procedimiento que realicen la Secretaría, la dependencia o entidad estatal o el Ayuntamiento deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de responsabilidad, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado o el Municipio. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda, así como la justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberán constar en escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios”.
La bancada panista plantea adicionarle un último párrafo para establecer que: “En ningún caso podrán tenerse por acreditados el caso fortuito o la fuerza mayor, cuando las mismas hubieran sido provocadas o consentidas por las dependencias y entidades”.
