El Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia acusó este martes 9 de abril a compañías militares privadas de Estados Unidos de reclutar a presidiarios de México y Colombia en las cárceles estadounidenses para enviarlos a combatir la guerra en Ucrania.
Según Rusia, “Estados Unidos acude a métodos cada vez más desesperados en sus intentos de cambiar la situación en el frente ucraniano, al reforzar las filas de los militares ucranianos desmovilizados con escoria multinacional con tendencias a la violencia armada”.
“Por supuesto, las perspectivas de una nueva inyección de ‘soldados de fortuna’ escogidos entre asesinos en serie, drogadictos y violadores (…) genera preocupación. Sin embargo, los planes estadounidenses de lograr con esto una ventaja táctica en el campo de batalla está destinados al fracaso”, añadió el SVR.
Sicarios mexicanos y colombianos llegarían a Ucrania en el verano
Rusia añadió que está previsto que la primera partida de “estos sicarios sea trasladada al campo de batalla en verano de este año”.
“La banda criminal estará conformada por varios cientos de mexicanos y colombianos. En caso de que acepten este ‘trabajo’ se les promete la amnistía total con la esperanza de que jamás retornen” de Ucrania, indicó la entidad.
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El SVR alertó de que “si el proyecto piloto (…) resulta, el programa de reclutamiento de matarifes continuará y se ampliará con el llamamiento de criminales de otros países con graves situaciones de criminalidad”.
Sin embargo, señaló que este proceso atraviesa dificultades, ya que “las negociaciones con los narcobarones son difíciles” y ningún criminal se atreve a cooperar con las autoridades estadounidenses sin el beneplácito de sus jefes.
El SVR señaló que esto muestra que la Administración del presidente Joe Biden “admite en la práctica su impotencia y nos demuestra una vez más la inconsistencia del régimen de Kiev aupado por ellos”.
Tras el fracaso de la contraofensiva estival de 2023, Ucrania ha tenido grandes dificultades para el llamado a filas, que se han agravado con las demoras en la aprobación de una nueva ley de movilización, que lleva cuatro meses empantanada en la Rada Suprema.
