Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
“Quien encabece el siguiente gobierno federal tendrá como tarea revisar la legislación y las políticas públicas en materia de sanciones y cárceles”, advirtió la organización no gubernamental, “México Evalúa”, luego de cuestionar la sanción de prisión como la solución unívoca a la situación de impunidad, violencia e injusticia que vive el país.
En ese sentido, consideró que debe reconsiderarse el hecho de que el castigo de prisión se siga presentando como la solución más natural contra la impunidad.
“La respuesta del Estado frente al delito debe analizarse como parte integral de un sistema de seguridad y justicia que debe considerar metas en el corto, largo y mediano plazo” indicó.
Al respecto presentó una serie de propuestas que podría asumir como suyas la próxima administración federal.
1.- Revisar las alternativas a la prisión y establecer planes y programas para su implementación y seguimiento.
2.- Que la sanción de prisión sea impuesta sólo en casos que lo ameriten y que tengan como objetivo la resocialización de las personas.
3.- Que las personas que cometen los delitos de más impacto en las comunidades sean efectivamente juzgadas y sancionadas.
4.- Que dichas sanciones sean impuestas producto de juicios abiertos y ágiles que den certeza a las personas encarceladas.
5.- Eliminar la figura de prisión preventiva automática u oficiosa en términos de los tratados internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse a la brevedad sobre la validez de dicha figura, y planear la implementación de la eliminación de esta medida a nivel nacional.
6.-Incluir en los estudios del sistema carcelario mexicano, el impacto en las condiciones de vida de las familias de las personas recluidas.
7.- Establecer mecanismos de evaluación constante e indicadores claros sobre las condiciones carcelarias.
8.- Implementar y dar seguimiento a medidas procesales y sancionatorias distintas a la prisión.
9.- Fortalecer las capacidades y facultades del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y sus homólogos en los estados para la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La ong recordó que, en la visión punitiva el gobierno actual aumentó considerablemente el catálogo de delitos de prisión preventiva automática, lo cual generó el aumento del 12.5 % de la población penitenciaria en el periodo comprendido del 2018 al 2024.
En 2018 había 197,988 personas encarceladas y para 2024 el Censo de Población Carcelaria arrojó una cifra de 226 ,077.
Mientras tanto, acusó, la incidencia delictiva ha aumentado y la reinserción social sigue siendo una tarea pendiente.
Señaló que, durante las últimas décadas México ha experimentado políticas públicas y legislación que han fluctuado entre el populismo punitivo y sistemas penales más racionales, sin rumbo definido y constante.
“Por populismo punitivo nos referimos a propuestas como la construcción de más cárceles, cárceles de alta seguridad, prisión automática, detenciones arbitrarias, uso de fuerza represiva, aumento de penas o incrementar delitos en los códigos penales” mencionó.
