Por Redacción Noticentro
Agentes de la Guardia Estatal impidieron a, Jorge Espino Ascanio, ingresar a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, al acudir este viernes a reclamar que su nombramiento todavía tiene vigencia hasta febrero del 2025.
El ingeniero mecánico se dijo extrañado y sorprendido por el procedimiento que se realizó durante los primeros minutos de este día, cuando el auditor interino, Francisco Noriega Orozco, diputados locales y un Notario Público, ingresaron al inmueble luego de hacer que un cerrajero violentara las cerraduras.
Espino Ascanio aseguró que estuvo trabajando hasta las once de la noche del jueces para dejar firmada la documentación del proceso de entrega-recepción.
Abogados y personal jurídico del nuevo auditor, le pidieron que firmara los documentos de entrega recepción para poder ingresar a otro edificio de la misma Auditoría, lo cual aceptó.
Espino aseguró que no falta ninguna información porque todo está en orden.
Fue insistente en que su nombramiento como auditor superior del estado tiene vigencia hasta el 9 de febrero como había ordenado un Tribunal Colegiado compuesto por tres Magistrados que emitieron su fallo por unanimidad.
Recordó que la constitución local fue reformada para que su periodo se alargara a 8 años en vez de los siete por los que fue designado inicialmente.
En ese sentido dijo que, esperará a que se resuelva de fondo el amparo que promovió, y confió en que recibirá una sentencia favorable con la cual será reinstalado al frente de la Auditoría Superior del Estado.
Rechazó estar terco a mantenerse en el cargo para defender las cuentas públicas del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
“No hay pruebas de ello y tendrían que demostrarlo”, advirtió.
Cabe recordar que, antes de que terminara el sexenio panista, el Congreso del Estado hizo una serie de reformas y cambios constitucionales para tener un blindaje en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal de Justicia, y el Tribunal de Justicia Administrativa, además de los entes e institutos autónomos donde se mantienen funcionarios que están ligados políticamente al PAN.
