Por Redacción Noticentntro.mx
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas confirmó que continúa vigente la orden de aprehensión contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y que trabaja con autoridades federales para gestionar su extradición a México.
Norberto Andrés García Repper Favila, titular de la dependencia, aseguró que el exmandatario se encuentra sustraído de la acción de la justicia, por lo que continúa siendo buscado por las autoridades mexicanas.
“Es un prófugo de la justicia, se ha sustraído de la acción de la justicia”, afirmó el fiscal al señalar que la última información disponible sobre su ubicación lo situaba en la zona fronteriza.
Explicó que la Fiscalía General de la República colabora en las gestiones necesarias para conseguir su extradición, aunque reconoció que el procedimiento requiere cumplir diversas exigencias legales internacionales.
Precisó que la ciudadanía estadounidense que atribuyó al exgobernador representa una condición adicional para el procedimiento, debido a que las autoridades de ese país revisan rigurosamente las solicitudes de extradición.
“Estados Unidos siempre va a dar prioridad a que se cumplan requisitos de manera mucho más meticulosa”, sostuvo García Repper Favila, quien evitó establecer una fecha para concluir los trámites.
Por otra parte, confirmó que también continúa la búsqueda del exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, contra quien existe una orden de aprehensión vigente por presuntos delitos relacionados con su administración municipal.
Detalló que solicitarán colaboración internacional para gestionar una ficha roja de Interpol, con el propósito de facilitar su localización y eventual detención.
Entre los delitos atribuidos al exalcalde mencionó ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades.
En otro tema, el fiscal informó que se revisan expedientes relacionados con personajes políticos que aspiran a cargos de elección popular, aunque aclaró que las investigaciones no necesariamente implican responsabilidades penales.
Advirtió que la institución debe distinguir entre las denuncias sustentadas y aquellas que pudieran responder a intereses electorales, para evitar daños injustificados a la reputación de los aspirantes.
“No podemos generarle molestia ni daños a la reputación de quienes estén postulándose, a menos que haya fundamento para ello”, puntualizó.
Finalmente, aseguró que la Fiscalía proporcionará la información correspondiente a las autoridades electorales cuando sea requerida, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
