Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de decreto para duplicar en Tamaulipas la pena de prisión para el delito de hostigamiento sexual.
La acción legislativa, impulsada por el diputado Isidro Vargas Fernández, incluye una serie de “ajustes” a diversos artículos del Código Penal del Estado, por considerar que la dinámica evolutiva de la sociedad obliga a ajustar las normar de la materia.
Uno de los “ajustes” es modificar la redacción del tipo penal de hostigamiento sexual, y duplicar su penalidad.
La propuesta es que el delito sea castigado con penas de uno a cuatro años de prisión y multa de 100 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Si quien comete el delito es un servidor público, además de la sanción penal que reciba será inhabilitado hasta por 4 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
Vargas Fernández plantea la necesidad de modificar la redacción del tipo penal para considerar la posibilidad de que el agresor actúe directamente o a través de otra persona para persuadir en su nombre a la eventual víctima, toda vez que se trata de una practica recurrente.
Además, se eliminará la disposición en la que se plantea que el delito «será punible cuando se ocasione un daño o perjuicio laboral, docente, doméstica o de cualquier naturaleza que se derive de la subordinación de la persona agredida».
“Es irrisorio que se condicione la comisión del delito a dichos efectos, mismos que son favorables al activo y una burla y agravio directo e indebido para la víctima” argumentó.
En la exposición de motivos, el legislador justificó su propuesta bajo el argumento de que “con la presente iniciativa, pretendemos efectuar algunos ajustes que consideramos necesarios para evitar confusiones o malas interpretaciones al momento de realizar acciones en materia de la procuración o, en su caso, de la impartición de justicia, por parte de los servidores públicos que conlleven dichas tareas”.
Y añadió: “Asimismo, también proponemos realizar la adaptación de algunas expresiones que, si bien, al momento de la expedición del actual Código eran aceptables y entendidas de la manera más amplia y con el uso adecuado de nuestro idioma, pero en la actualidad, la simple connotación de algunos vocablos ya no son aceptados por algunos sectores de la sociedad, que si bien, son la minoría, no obsta la implicación de variar la terminología, para evitar exclusiones inconvenientes al momento de la aplicación del documento penal que ahora estamos tratando”.
