Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Durante las últimas tres administraciones estatales, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ha sido señalada como una dependencia donde muchos funcionarios amasaron fortunas difíciles de justificar con sus salarios.
Los señalamientos comenzaron durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores, continuaron con Egidio Torre Cantú y se agravaron en el sexenio del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Desde este espacio denunciamos reiteradamente los sospechosos manejos del presupuesto, principalmente en rubros como el mantenimiento de patrullas, la compra de combustible, armamento, uniformes, y hasta el pago de viáticos.
El negocio, según las denuncias de entonces, alcanzó incluso a funcionarios de segundo nivel. Algunos comenzaron a presumir residencias, ranchos, negocios y vehículos de lujo. Su tren de vida contrastaba con sus ingresos salariales.
Por eso sorprende que, después de semejantes antecedentes, la actual administración haya decidido cerrar el acceso a información relacionada precisamente con el ejercicio del presupuesto. Uno esperaría exactamente lo contrario.
Resulta que una investigación de la reportera Shalma Castillo, publicada en El Diario de Ciudad Victoria, revela que Seguridad Pública determinó reservar durante cinco años información sobre contratos y adquisiciones de sus corporaciones policiales.
La decisión comprende documentos relacionados con la compra de combustible, uniformes, cascos, chalecos antibalas y vehículos. Todo bajo el argumento de proteger la seguridad pública. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Nadie pretende conocer estrategias policiales, operativos o información que comprometa la seguridad de los agentes. Lo que se exige es saber cuánto se gasta, a quién se le compra y cuánto se paga.
Porque, vamos a ver, ¿qué riesgo representa informar cuánto cuesta mantener una patrulla o quién suministra el combustible? ¿Acaso revelar el precio de unos uniformes pone en peligro la seguridad del estado?
Y aquí viene la pregunta de fondo: ¿será que aquellos negocios que enriquecieron a funcionarios del pasado siguen vigentes? No lo sabemos, pero cerrar las cuentas tampoco genera inevitablemente la sospecha.
¿Será que un mantenimiento cotizado en cinco mil pesos termina facturándose en quince mil? ¿O que se reportan compras de combustible superiores al consumo real? Precisamente para detectar esas irregularidades sirve la transparencia.
Carlos Arturo Pancardo, el titular de la Secretaría, debería explicar por qué decidió mantener esos contratos bajo llave. No basta invocar razones de seguridad para restringir información sobre el dinero público. Los tamaulipecos tenemos derecho a conocer cómo se gastan nuestros impuestos y quiénes se benefician de esos contratos.
Después de tantos antecedentes, las cuentas claras son indispensables.
A menos, claro está, que el “negocio” siga vivo y no lo quieran poner en riesgo.
EL RESTO.
MEJOR EL CONGRESO QUE LAS ALCALDÍAS.-De frente a la elección del seis de junio del 2027, el debate público está centrado en quienes serán los candidatos que los partidos políticos postularán para las alcaldías tamaulipecas.
Sin embargo, nosotros insistimos en que, lo realmente interesante será saber quienes serán postulados para las diputaciones locales.
Los partidos de oposición deberían estar más preocupados por impulsar candidatos capaces de ganar diputaciones.
Si el PAN y el PRI quieren recuperar algo de lo mucho que han perdido, tendrían que enfocar sus esfuerzos en recuperar la legislatura estatal. De poco o de nada les va a servir ganar tres o cuatro alcaldías. El verdadero poder está en el control de la siguiente legislatura.
Y lo mismo debe ser a nivel federal. La verdadera joya de la corona para los partidos, todos, incluido Morena, debe ser mantener la mayoría legislativa.
¿A poco es muy difícil de entender?
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
