En respuesta al creciente problema de la violencia armada en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso ha declarado el estado de excepción en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el cantón de Durán en la provincia de Guayas. Esta decisión surge tras el reciente asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago.
Este estado de excepción, que durará 60 días, incluye la implementación de un toque de queda en las áreas mencionadas, activo desde las 22.00 horas hasta las 05.00 horas. Además, el número de agentes de seguridad en estas regiones aumentará de 470 a 1.200.
La decisión fue tomada en la reunión del Comité de Seguridad este lunes, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatoriana. Todo esto surge en respuesta al tiroteo que acabó con la vida de Intriago y una mujer, que fue víctima de una bala perdida.
En relación con la muerte del alcalde, Lasso informó que un sospechoso ha sido detenido y se encuentra en el hospital bajo custodia policial. Los investigadores también están analizando cuatro teléfonos móviles y un vehículo, que fue robado y utilizado en el ataque.
«Estas muertes nos duelen y al mismo tiempo nos convocan como país. La violencia criminal es un asunto de Estado y para ello se requiere de la administración de justicia haga su parte. La impunidad es un mensaje negativo para la sociedad», expresó Lasso a través de su perfil de Twitter.
Ecuador ha experimentado un repunte en la violencia armada en los primeros meses de 2023, con un aumento de homicidios, asesinatos y asesinatos por encargo. De acuerdo a datos de 2022, recogidos por Insight Crime, Ecuador tiene una de las tasas de homicidios más altas de Latinoamérica, con 25,9 por cada 100.000 habitantes.
Estos niveles alarmantes de violencia han jugado un papel clave en la crisis política que atraviesa el país. Ante la imposibilidad de gobernar, Lasso ha disuelto la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. A principios de abril, el presidente autorizó la «tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal», entre otras medidas para intentar controlar la creciente inseguridad, vinculada al auge del narcotráfico.
