Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso del Estado analizará una iniciativa de decreto que busca castigar hasta con seis años de prisión la creación de asentamientos humanos irregulares y la invasión de predios.
La acción legislativa fue presentada por la diputada de Morena, Consuelo Nallely Lara Monroy, quien advierte la urgencia de la reforma en virtud de la gran cantidad de asentamientos irregulares que se han venido creando en la entidad.
Además del Código Penal serían reformadas la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Actualmente existen en Tamaulipas 230 asentamientos humanos irregulares identificados, de los cuales 100 son de reciente creación. Victoria con 30 y Matamoros con 29, son los municipios con mayor cantidad de ellos.
La modificación más relevante que se propone al Código Penal es la adición de la fracción VIII al artículo 454 para que señale que será responsable del delito cometido por fraccionadores: “El que por sí o por interpósita persona, circule o delimite medidas perimetrales o señale puntos cardinales tendientes a asentarse en un predio rústico o urbano, sin los requisitos y autorizaciones de urbanización exigidos por las leyes respectivas.
Y añade” Se equiparará el presente delito al que incite a la ocupación ilegal o promueva de manera personal o a nombre de una inmobiliaria, por algún medio de difusión impreso o electrónico, la venta de un predio fraccionado o que está siendo fraccionado sin las autorizaciones correspondientes, ya sea de su propiedad, o en el caso de un bien inmueble ajeno, con o sin el consentimiento de su propietario”.
Para quien incurra en ese delito el código contemplará penas de dos a seis años de prisión y multa de 300 a mil veces el valor de la Unidad de Medida Actualización (UMA).
Cuando el responsable sea un servidor público, se le inhabilitará hasta por seis años para ocupar algún cargo gubernamental.
En la Ley de Responsabilidades Administrativas también se establecerán sanciones para los servidores públicos por encubrimiento cuando no denuncien hechos constitutivos del delito cometido por fraccionadores. La pena será de uno a cinco años de prisión.
