Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El robo de medidores, tubería de cobre y cable de electricidad de los organismos operadores del agua y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), será castigado en Tamaulipas con penas de tres a doce años de prisión.
Así lo establece una iniciativa de reforma al Código Penal enviada por el gobernador, Américo Villarreal Anaya, al Congreso del Estado.
La acción legislativa que fue enviada a comisiones legislativa para su análisis y dictamen, plantea reformas a los artículos 403, 407 fracciones XIX y XX; y se adiciona la fracción XXI al artículo 407 del código punitivo.
Actualmente, esa conducta delictiva se tipifica como robo simple y se castiga con penas de seis meses a cinco años de prisión, por lo que con la reforma la sanción se incrementará a más del doble.
Para ello, la fracción que se le adicionará al artículo 407 planteará que la sanción que corresponda al responsable de robo simple se aumentará con tres años a doce años de prisión: “Cuando el robo se efectúe respecto de cualquier bien, equipo, componente o accesorio compuesto de material de fibra óptica, cobre, hierro, aluminio, o cualquier otro metal, utilizado en bienes privados o en la prestación de servicios públicos, suministro de gas, instalaciones hidráulicas, energía eléctrica, telecomunicaciones, equipamiento urbano, industrial o agrícola”.
De igual forma se propone modificar el criterio de estimación de la cuantía para determinar el valor del metal robado, por lo que éste, deberá determinarse en atención al valor comercial o de mercado y no a partir de la pureza de los metales.
La reforma es necesaria porque en los últimos años se ha registrado un grave incremento en el robo de cobre y metales diversos con que se fabrica la tubería, cables y demás instrumentos que sirven para el suministro de servicios públicos, tales como el agua o la luz.
“Es de advertir el peligro, riesgo, y/o problema que puede generarse directa e indirectamente, tras la falta del material con que deben suministrarse habitualmente los servicios descritos, así como el retraso en la detección de fallas por parte de los técnicos y especialistas, al momento en que surge un llamado o queja por parte de los destinatarios” revela la iniciativa.
Y añade: “Asimismo, es necesario expresar la repercusión que esta conducta delictiva tiene en ámbitos importantes como la educación, salud, y de esparcimiento en espacios públicos, toda vez que es la infraestructura pública en donde más se presenta este fenómeno, impactando en el desarrollo normal de las actividades gubernamentales, de la sociedad civil y especialmente de los grupos vulnerables que ven interrumpidas, o se ven orilladas a realizar en condiciones no óptimas e incluso peligrosas”.
