Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Por su ineficiencia y la ausencia de una real autonomía, las fiscalías generales de justicia son quizá los eslabones más débiles de la cadena de justicia penal, denunció la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
“Los altísimos porcentajes de impunidad que prevalecen nos hablan en buena medida de la prevaleciente incapacidad de las fiscalías para integrar investigaciones de calidad” señaló la ong.
Recordó que, en el informe Hallazgos 2021, dio cuenta, por ejemplo, de
los altos porcentajes de archivo temporal de carpetas, y el bajísimo, incluso irrisorio, porcentaje de personas imputadas que llegan a ser vinculadas a proceso.
“Ya ni hablemos del número de casos en los que se llega a salidas alternativas o a juicio oral. De hecho, sólo 8.2% de los casos encuentra una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, ya sea salida alterna, salida anticipada, criterio de oportunidad o sentencia, entre otros” indicó.
Uno de los factores principales que provoca el fracaso de la fiscalías es su falta de independencia frente al Poder Ejecutivo.
“Solo aquellas fiscalías generales sean verdaderamente independientes podrán construir las capacidades que se requieren para integrar investigaciones de calidad. Solo si son independientes tendrán la posibilidad de combatir la impunidad” advirtió.
Por esa razón, México Evalúa urgió a reflexionar y debatir sobre los procesos de selección de fiscales generales y presionar colectivamente para que quienes ocupan dichos cargos sean personas realmente capaces de garantizar la independencia política de las instituciones a su cargo.
En ese sentido, detalló aspectos mínimos que deben atenderse en la designación de fiscales generales.
Por ejemplo, el proceso debe de contemplar diversas etapas, de manera que sea posible no sólo verificar el cumplimiento de requisitos formales, sino también realizar una evaluación detallada de los conocimientos, la experiencia y las competencias de los aspirantes; debe privilegiarse la deliberación profunda y transparente; y deben contemplarse esquemas de auténtica participación ciudadana en algún tramo de la designación.
Refirió que, hace casi un año, la senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa para reformar el texto constitucional para efecto de, entre otras cosas, homologar los procedimientos de designación de fiscales generales, y con ello incidir en los niveles de independencia política de las fiscalías.
Sin embargo, dicha iniciativa se encuentra en la “congeladora” desde entonces.
“En lo que sale de la congeladora debemos prestar mucha atención a las designaciones que se lleven a cabo y levantar la voz para exigir procesos transparentes, auténticamente deliberativos y verdaderamente orientados a la selección de los mejores perfiles, no aquéllos destinados a empujar intereses políticos contrarios a la procuración de justicia” sentenció.
