Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Fue aprobada en comisiones una adición al Código Penal para castigar con penas que van desde los dos hasta los seis años de cárcel el robo de agua en Tamaulipas.
Las comisiones unidas de justicia y recurso agua avalaron, por unanimidad de votos, el dictamen que recayó en una iniciativa presentada por el legislador de Morena, Ovidio García García.
De acuerdo a la iniciativa aprobada, quienes incurran en el robo de agua serán sancionados con penas que van desde los dos hasta los seis años de prisión.
Las penas se aumentarán hasta un 50 por ciento si quienes las cometen son servidores públicos.
Además, se prevén multas desde los 9 mil 622 pesos hasta los 48 mil 110 pesos.
De esa manera, solo falta que las reformas sean sometidas a la aprobación del Pleno Legislativo, lo cual podría ocurrir durante la sesión ordinaria programada para este miércoles.
Son en total ocho los artículos que se le adicionarán al código punitivo del estado, a partir del 476 al 483. Estarán integrados en un titulo denominado: “De los delitos cometidos contra el servicio público y distribución del agua”.
El diputado García García explicó que el objetivo de la acción legislativa “es inhibir a individuos inadaptados que sustraen el agua de la red pública en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos”
Dijo que actualmente existen sanciones administrativas contempladas en la Ley de Aguas del Estado, pero son insuficientes para inhibir las conductas delictivas.
El diputado del PRI, Edgardo Melhem Salinas, pidió que la penalización del robo de agua fuera solo para quienes la destinaran para uso comercial e industrial, al considerar como un exceso dar pena de prisión a los usuarios de tipo doméstico que incurran en esa practica.
Sin embargo, al debatir el dictamen la penalización se aprobó para el robo de agua en los tres usos: doméstico, industrial y comercial.
A la iniciativa se le hicieron correcciones y ajustes de texto para evitar incertidumbre jurídica en los justiciables.
Por ejemplo, se eliminaron dos artículos a través de los cuales se penalizaba la distribución de agua en “pipas” sin la autorización correspondiente, porque en la Ley de Agua esa actividad no
