Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Por segunda ocasión en la actual legislatura, la bancada de Morena presentó una iniciativa de decreto para crear la Ley de Austeridad de Tamaulipas, que busca frenar los excesos de la clase política con el uso de los recursos públicos.
El 24 de enero pasado, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el veto que el entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ejerció sobre la ley, que en diciembre había sido aprobada por Morena con el apoyo de Movimiento Ciudadano (MC).
Debido a ello, el 9 de noviembre reciente, el diputado, Isidro Vargas Fernández, presentó otra iniciativa de decreto que contiene el mismo proyecto de ley vetado por Cabeza de Vaca.
El nuevo ordenamiento normativo busca que ningún funcionario gane más de los 112 mil,122 pesos mensuales que percibe el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Además, busca la reducción del gasto corriente por concepto de salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos, y la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, de contratar seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
También pretende mantener un equilibrio en el aparato burocrático desarrollando las funciones públicas con el personal estrictamente necesario y justificando plenamente la necesidad de cada empleo; restringir la protección institucional a servidores y exservidores públicos a los casos estrictamente justificados en la ley y debido a la necesidad por la función desempeñada, sin que puedan ser encomendados o comisionados a actividades privadas, y restringir el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población.
Establecerá límites razonables al uso de recursos públicos para propaganda oficial, cuya difusión se concentrará en una sola dependencia.
En la exposición de motivos, Vargas Fernández argumenta que la opulencia en el ejercicio del gasto público es evidente en Tamaulipas, sin que necesariamente esta se refleje en beneficios para la población.
“Ello nos exige orientar los esfuerzos de austeridad del gobierno estatal y municipal, hacia la limitación en el ejercicio presupuestal dignificando la función pública con la racionalidad más prolija para redireccionar los beneficios hacia la colectividad” señaló.
