Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Movilizar en falso a las corporaciones de auxilio, como ocurrió martes y miércoles, con llamadas telefónicas alertando sobre la existencia de artefactos explosivos en cinco edificios gubernamentales, es una broma que puede salirle muy caro al responsable porque es un delito que se castiga con penas de tres a 7 años de prisión.
En agosto del 2018, precisamente ante la alta incidencia de llamadas bromistas, el Congreso del Estado incorporó al Código Penal esa conducta delictiva.
De esa manera, la fracción tercera del artículo 172 del Código Penal del Estado, señala que, comete el delito de ataques a las vías de comunicación y utilización indebida de los sistemas de auxilio a la población, “el que dolosamente solicite un servicio a los sistemas estatales o municipales de comunicación de auxilio a la población, que impida o cause un perjuicio o trastorno que afecten el buen funcionamiento de dichos sistemas”.
A su vez, el numeral 173 contempla penas de tres a siete años de prisión y multa de 30 a 50 días de salario mínimo para los responsables de esa conducta ilícita.
Incluso, el código establece una agravante: “si la conducta (la movilización en falso) tiene por objeto evadir la persecución o desempeño de las fuerzas armadas o de las instituciones de seguridad pública, la pena será de cuatro a ocho años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo”.
Sin embargo, pese a la dureza de la sanción y aun cuando son miles las llamadas en falso que reciben las corporaciones de auxilio y de seguridad pública, el Estado prácticamente no aplica el castigo.
Consultados al respecto, agentes del Ministerio Público y Jueces de primera instancia penal, revelan que no hay un solo proceso por esa modalidad del delito de ataques a las vías de comunicación y utilización indebida de los sistemas de auxilio a la población.
Presuntamente el hecho ocurre porque muchas de las llamadas falsas se hacen desde celulares que no tienen registro de propietarios o porque son adquiridos en tiendas de conveniencia y en consecuencia son difíciles de rastrear.
Otro situación que limita a la autoridad es que muchas de las llamadas son hechas por menores de edad, incluso niños.
“Es un delito que se persigue de oficio pero lo complicado está en identificar a quien hace la llamada porque en muchas ocasiones no hay forma de lograrlo” explicó un Juez.
