Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Diez días después de que el gobernador, Américo Villarreal Anaya, informó que ordenaría una investigación sobre las razones por las que se les canceló la compensación a decenas de burócratas estatales, los afectados siguen esperando que se les reactive la prestación o se les explique las razones por las que fueron despojados de ella.
El pasado uno de noviembre, ante los reporteros, el mandatario estatal reiteró su compromiso de campaña de que no se afectaría a la burocracia estatal, como lo hizo la administración panista de Francisco García Cabeza de Vaca, y de paso anunció que ordenaría una revisión a las denuncias sobre la cancelación de la compensación a decenas de trabajadores.
Señaló que las compensaciones deben ajustarse a lo que establece la norma, y a ningún trabajador se le debe afectar en su patrimonio.
“La compensación es parte del patrimonio que deben llevar a sus hogares” dijo.
Sin embargo, hasta este día la situación continúa igual porque no se ha devuelto la prestación a los empleados.
Como consecuencia de ello, en dependencias como las secretarías de Bienestar Social, Educación y Seguridad Pública, donde laboran el mayor número de trabajadores beneficiados, la inconformidad ha venido creciendo porque no les han especificado si les devolverán su compensación o de plano ya no la recibirán.
Entre los burócratas hay decepción y enojo en contra del gobierno entrante.
Decepción, porque creyeron en el compromiso de campaña de que no recibirían el mismo trato que les dio la anterior administración, que en 2016 echó a la calle a cientos de trabajadores, bajo el argumento de que simpatizaban con el PRI.
Y enojo, porque la mayor parte de los trabajadores afectados con la cancelación de la compensación, son los que tienen los salarios más bajos del gobierno.
La situación ha obligado a muchos de los burócratas afectados a vender algunos de sus bienes, principalmente vehículos y terrenos, para poder cumplir con compromisos contraídos, que cubrían con la compensación que recibían.
