Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Cuatro meses después de que Congreso del Estado rechazó aprobar el matrimonio igualitario, la diputada Nancy Ruiz Martínez, llevó una nueva iniciativa ante el Pleno legislativo, en un segundo intento por garantizar a las personas el derecho a casarse con alguien de su mismo sexo.
El pasado 15 de mayo, la asamblea parlamentaria desechó la propuesta de la misma Ruiz Martínez, quien en ese entonces era diputada sin partido, por lo que, este lunes, durante la sesión ordinaria, la ahora diputada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó nuevamente la iniciativa.
Ruiz Martínez propone reformar el artículo 132 del Código Civil, lo que sería suficiente para abrirle la puerta al matrimonio igualitario en Tamaulipas.
Actualmente, el numeral señala que : “Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer deben ser mayores de edad”, por lo que con la reforma establecerá que : “Quienes contraigan matrimonio deben ser mayores de edad”.
En sus argumentos, la legisladora señala que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha reiterado que, el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho que se debe reconocer en todo el país.
“De tal modo que es una obligación de este Congreso tamaulipeco aprobarlo por la vía legislativa, y no orillar a las personas a promover procedimientos vía juicio de garantías, los cuales en muchos de los casos son costosos tanto en recurso monetario como en recurso de tiempo” abundó.
Actualmente, el matrimonio entre parejas homosexuales está legalizado y puede realizarse sin tramite de juicio de amparo, en la Ciudad de México, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Campeche, Michoacán, Morelos, Colima y Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Nuevo León Aguascalientes, Guerrero y recientemente Durango.
“El matrimonio igualitario en Tamaulipas es un tema complicado, que envuelve dogmas y tabús ajenos al universo jurídico. Esta honorable asamblea legislativa no debe desarrollar toma de decisiones con base en prejuicios o ideas que se estimen discriminatorias, nuestra labor debe girar en torno a ser un órgano garante de derechos humanos y garantías fundamentales, tanto en su observancia, promoción, protección e implementación” precisó.
Además, precisó, el Congreso del Estado está obligado a suprimir toda norma que estime discriminatoria en su fondo o en su forma.
“No hay justificación racional para reconocer a los miembros de la comunidad LGBTI+ todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos, como seres humanos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja” acusó.
