Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El gobierno de, Francisco García Cabeza de Vaca, pretende modificar las condiciones de un crédito por 1,200 millones de pesos antes de que termine su administración, denunció la coordinadora de los diputados de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, al tiempo de calificar el acto como “un atraco al pueblo de Tamaulipas”.
A través de un comunicado, la legisladora dijo que para ello fue publicado en el periódico oficial del Estado, el 19 de julio, una fe de erratas firmada por el presidente de la Diputación Permanente, Félix García Aguiar, con la cual se modifica el artículo 13 del decreto de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal en curso, publicado el 31 de diciembre del 2021.
El texto que se pretende modificar a la Ley de Ingresos del Estado se relaciona con actos asociados a un crédito autorizado al Ejecutivo Estatal por $4,600 millones de pesos para la supuesta atención de la pandemia originada por COVID.
En dicho numeral se abre la posibilidad para realizar operaciones derivadas del crédito formalizado el 23 de septiembre de 2021 con BANORTE, por un importe $1,200 mdp.
La parte final del artículo 13 estableció que los instrumentos derivados deberán contratarse por un plazo “mínimo” de 3 años, pero ahora a solicitud del Presidente de la Permanente, se sustituye esta palabra por “máximo”.
“Nuevamente nos encontramos frente a una aberración, un atentado al estado de derecho, pues el Presidente de la Diputación Permanente se asume como Pleno Legislativo para modificar un Decreto al considerar que existió un error en su elaboración, esto, desde luego en contubernio con las instancias del Ejecutivo local, que pretenden adecuar de manera inmediata una disposición para realizar actos financieros en detrimento del dinero público”, detalló.
“Es evidente que esta modificación a la Ley de Ingresos responde a la necesidad de formalizar actos con la institución bancaria para acceder a más recursos, para continuar con el atraco y el desfalco a Tamaulipas”, añadió.
Adelantó que, se promoverán las acciones legales conducentes por la vía penal y se solicitará juicio político al Presidente de la Diputación Permanente, diputado Félix García Aguiar, por ejercer atribuciones que constitucionalmente no le corresponden.
