Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Los diputados locales terminaron el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 65 legislatura, como lo iniciaron: en medio de gritos, insultos, recordatorios maternales y hasta acusaciones de asesinos, corruptos y traidores.
Desde las 13:15 horas en que comenzó la que fue la última sesión ordinaria, panistas y morenistas tuvieron su primer choque, con la elección de la diputación permanente que fungirá durante el periodo de receso que inicia este uno de junio y termina el 30 de septiembre.
Al haber dos propuestas para integrar el órgano legislativo, se dieron dos empates de 18 votos, porque la diputada sin partido, Nancy Ruiz Martínez, traicionó al PAN y votó a favor de los intereses de Morena.
Los empates en las votaciones atoraron los trabajos parlamentarios porque la ley dispone que en ese caso el asunto se lleve a una tercera votación en una próxima sesión ordinaria.
Sin embargo, debido a que ya no habría próxima sesión, el Pleno determinó aplicar una disposición de la ley del Congreso, que establece que sea la mesa directiva la que asuma las funciones de la Diputación Permanente. Para llegar a ese punto transcurrieron poco más de seis horas.
A partir de ahí, la bancada de Morena recurrió a una chicanada, que consistió en prolongar la etapa de iniciativas buscando que se dieran las 12 de la noche, pensando que con ello acabaría la sesión y no habría tiempo para desahogar los dictámenes que interesaban al PAN.
Desde las nueve de la noche se dedicaron a presentar alrededor de 10 iniciativas, algunas de las cuales leyeron integras, pero minutos antes de la media noche la presidenta de la mesa directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez, informó que, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la sesión se prolongaría hasta agotar todos los asuntos del orden del día.
Ahí se desató el escándalo. Los morenistas gritaron, insultaron, denunciaron violación a la constitución y a la ley interna del Congreso del Estado, pero de nada les sirvió.
Desesperados, la coordinadora de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, y el representante de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, exigían el acuerdo de la Jucopo, bajo el argumento de que la prolongación de la sesión no había sido un asunto tratado en la reunión.
El coordinador del PRI, Edgardo Melhem Salinas, aseguró que el tema se trató en la Jucopo cuando Salazar Mojica y Cárdenas abandonaron la reunión sin que hubiera concluido.
Además les recordó que prolongar los trabajos de la sesión hasta agotar la agenda del día, es un recurso válido legalmente, como se hace en el congreso de la unión.
“Quienes han sido diputados federales saben que lo que digo es cierto. El reloj legislativo puede detenerse horas, días, semanas y meses, hasta que se desahoguen los asuntos de la agenda” explicó.
Los morenistas gritaron, insultaron, acusaron de todo a los panistas, pero no impidieron que la sesión continuara.
“Ustedes aplican la Ley de Herodes”, acusaban enfurecidos Humberto Prieto Herrera y Armando Zertuche Zuani, mientras que en el ala panista, el coordinador, Félix Fernando García Aguiar, se reía y pedía a la presidenta de la mesa directiva continuara con los trabajos parlamentarios.
Para entonces, García Aguiar ya había convencido a la legisladora, Nancy Ruiz Martínez, de que se sumara al PAN con su voto.
El panista, Rodrigo Pérez Luévano, subió a tribuna para leer el dictamen que proponía a José Ángel Walle García, como consejero de la judicatura. La morenista, Casandra Priscila de los Santos intentó impedir la presentación de la propuesta, y al no lograrlo comenzó a insultarlo con gritos de “asesino, asesino”, al cual se sumaron otros de sus compañeros.
Con apenas 19 votos a favor y 17 en contra, el PAN aprobó la designación de Walle García, y sacó adelante el dictamen que le cedió a la fiscalía general de justicia, el mando del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (Uife).
Originalmente, la iniciativa planteaba cederle también a la instancia de procuración de justicia el mando sobre el Centro de Análisis Información y Estudios de Tamaulipas (Caiet), pero de último momento eliminaron ese punto.
Sin el voto de Morena y Movimiento Ciudadano, también se aprobaron reformas que le dan facultades a la fiscalía especializada en combate a la corrupción, para expedir una constancia de no antecedentes de corrupción, que será requisito obligado para ser proveedor del gobierno del estado y los municipios.
Los mismos 19 votos fueron suficientes para aprobar modificaciones a la Ley de Aguas de Tamaulipas, para otorgarle al gobernador la facultad de designar al gerente general de la Comapa de la zona conurbada, y establecer que solo será removido con el aval de las dos terceras partes de los diputados del Congreso, lo que fue interpretado como un blindaje.
Igual les alcanzaron los votos para aprobar 173 cuentas públicas de los años 2020 y 2021, de municipios, organismos públicos estatales, de los poderes ejecutivo y judicial, y de diversas instancias del gobierno del estado.
Los trabajos parlamentarios terminaron en la madrugada de este viernes.
