Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
En el sistema de justicia penal acusatorio, el personal es insuficiente para atender de forma adecuada la carga de trabajo, lo que ha ocasionado una alta tasa de congestión ministerial y judicial, alertó la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
Señaló que, ese y otros factores, contribuyen a que el 94.8 por ciento de los delitos que ingresan al sistema queden impunes, con el agravante de que solo son denunciados el 6.3 por ciento de los delitos cometidos.
Otras deficiencias del modelo de enjuiciamiento penal, estrenado a mitad del 2016, son las limitaciones de las instancias de Coordinación Estatales, que deben facilitar la operación homogénea y alineada en un sistema de alta complejidad.
De acuerdo a una evaluación, apenas alcanzan una calificación promedio de 33.9 puntos de 100 posibles.
En materia de presupuesto para las diferentes instancias del sistema, existen importantes variaciones año con año, “lo que sugiere que no se diseña a partir de procesos de planeación que establezcan metas y objetivos”.
También hay limitaciones en el servicio profesional de carrera, lo que tiene un alto impacto en la estabilidad profesional de los operadores, su profesionalización y la salvaguarda de las decisiones técnicas en cada carpeta y en cada caso.
En Tamaulipas, organizaciones de abogados han venido denunciando la existencia de un grave rezago de expedientes, tanto en las agencias del Ministerio Público como en los juzgados y salas del Poder Judicial.
El factor principal de ese rezago es el déficit de operadores del sistema de justicia penal, desde policías investigadores, peritos, agentes del Ministerio Público y Jueces.
“La carga de trabajo rebasa por completo a las unidades generales de investigación y a los jueces. La consecuencia de ello es que no se cumple con el principio de que la justicia debe ser pronta y expedita” dijo un abogado.
