Por Rogelio Rodríguez Mendoza
El Congreso del Estado recibió formalmente , de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, la solicitud de desafuero en contra la de coordinadora de la bancada de Morena, Ursula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) , Félix Fernando García Aguiar, confirmó que, en Oficialía de Partes se recibió un oficio con el que la instancia de justicia solicita el desafuero de una diputada por el delito de coecho.
Sin embargo, García Aguiar se negó a identificar por su nombre a la legisladora, argumentando que el documento viene reservado y además está obligado a guardar el debido proceso.
“Hoy por la mañana llegó al Congreso, a la Oficialía de Partes, un oficio de solicitud de Procedencia de Desafuero para enjuiciamiento penal; viene reservada y no puedo emitir por el momento ninguna otra información, aunque ya se ha generado en redes sociales una información, pero como Presidente del Congreso, no puedo adelantarme a generar la persona de la cual se pide el desafuero” aclaró.
Y añadió: “Ya se especula que puede tratarse del caso de la compañera Diputada. No hay persecución, a diferencia de otras prácticas de gobierno como lo fue el gobierno central en contra del Gobernador Cabeza de Vaca y en este caso, nosotros no vamos permitir ni solapar ningún acto de corrupción trátese de quien se trate”.
Dijo que el documento enviado por la Fiscalia y deberá ingresar por correspondencia en la sesión ordinaria programada para este miércoles, y de inmediato deberá turnarse a la comisión instructora para el trámite correspondiente.
De acuerdo con lo que ha trascendido , la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción consideró que existen elementos que configuran el delito de cohecho.
La carpeta de investigación de la Fiscalía Anticorrupción detalla que se busca esclarecer la supuesta “alteración” de facturas , cuando la hoy legisladora de Morena, fungía como Jefa de Recursos Humanos y Finanzas del CONALEP Tampico.
“Realizó dos llamadas telefónicas los días 13 y 16 de noviembre del 2018, a un proveedor relacionado con un evento que se realizaría en el CONALEP de Tampico, Tamaulipas con la finalidad de que se pagará una factura y la petición de la imputada es que la factura le fuera incrementado un valor extra, el cual solicitaba le fuera entregado, es decir, que la factura se expediría con una cuantía distinta a la cotización para que el dinero extra fuera en beneficio del servidor público”, según señala la Fiscalía Anticorrupción.
En su defensa, la legisladora, quien es sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que los audios donde presuntamente se le escucha pedir moches a un proveedor son apócrifos.
Ha insistido en que no es su voz, y atribuyó la acusación a una estrategia de guerra sucia para afectar a Morena de cara a la elección del cinco de junio.
