Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La situación actual de los servicios médicos en las cárceles de México es alarmante, denunció la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
A través de una investigación denominada, “Informe sobre la situación de las prisiones privadas en México”, la ong advirtió que, “la atención médica se brinda de forma discrecional, se incurre en demandar pagos indebidos y no cubre las necesidades de los diversos grupos”.
Por esa razón, señaló, hoy más que nunca es necesario fortalecer la provisión de servicios de salud de primer y segundo nivel en los centros penitenciarios, y facilitar el acceso a la atención de tercer nivel.
“Una de las lecciones más contundentes de la pandemia del COVID-19 es la importancia del fortalecimiento del sistema de salud, pues un sistema debilitado es incapaz de evitar muertes y la pérdida de años de vida saludables” sentenció.
Por esa causa, una de las siete recomendaciones que “México Evalúa” hizo a los gobiernos, está relacionada precisamente con el respeto a los derechos humanos de quienes están privados de su libertad.
“Para ello, deberá cambiar la inercia institucional —caracterizada por la omisión y poca intervención—. Ante las violaciones de los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos o los concesionarios, deberán llevarse a cabo las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades y sancionar a las personas responsables” indicó.
Además, deberá facilitar los canales de denuncia y poner en marcha los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para informar al público sobre sus decisiones y socializar sus fundamentos.
Otra recomendación es para que se revise el marco jurídico de las Asociaciones Publicas Privadas en el sistema penitenciario.
“Con nueve años por delante, antes de la expiración de los contratos actuales, es necesario revisar el marco regulatorio específico de tales contratos. Además de las cuestiones comerciales, también convendría revisar la asignación de responsabilidades y el grado de involucramiento del Estado mexicano y de los consorcios en cada uno de los aspectos concernientes a la construcción, operación y manejo de los Cefereso” mencionó.
Dentro del mismo contexto, lamentó que solamente haya una cárcel federal paran mujeres en el país.
“La creación de un único centro femenil a nivel federal no ha resuelto las problemáticas rel. El único Cefereso CPS Femenil no está diseñado para atender las necesidades en materia de salud de las mujeres privadas de la libertad” detalló.
Por eso, recomendó fomentar el uso de medidas alternas a la privación de la liberta, que permitan a las mujeres cumplir con su medida cautelar o sentencia en lugares cercanos a sus domicilios, familias y procesos, para garantizar su derecho al acceso a la justicia, a una defensa adecuada y a una vida familiar.
“Las medidas alternas se tendrán que dictar desde una perspectiva de género, tomando en cuenta los contextos de las personas imputadas, los de sus núcleos familiares, así como el potencial daño que pueda generar la desintegración de la dinámica familiar en esos hogares” indicó.
