Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
La bancada del PAN presentó, el martes pasado, una iniciativa que pretende crear el delito del “periodicidio”.
Fuera de lo grotesco del nombre con que quieren bautizar el tipo penal, los promoventes proponen castigar con penas de 40 a 50 años de prisión el asesinato de un periodista.
También incluyen diversas hipótesis que se castigarían hasta con 3 años de cárcel.
Por ejemplo, esa será la pena que recibiría aquel que obligue a un comunicador a revelar su fuente de información, o lo intimide para que no ejerza su actividad.
La iniciativa prevé la misma pena para quien agreda a un familiar del periodista.
¿En verdad creen los diputados del PAN que para proteger a los periodistas se necesita una reforma penal como la que proponen? ¿Esperan, en serio, que con su iniciativa disminuyan los asesinatos de comunicadores? Si su respuesta es afirmativa, pecan de ingenuos. Ternuritas.
No señores. La causa de tanta violencia contra los periodistas, y contra la sociedad en general, es solamente una, y se llama impunidad.
Si el propósito real es proteger a los profesionales de la información y evitar que los sigan matando, la solución está en evitar que los crímenes sigan quedando sin castigo.
Porque ese ha sido el detonante del incremento de homicidios de comunicadores. Al no haber castigo para los responsables, se propicia que la conducta criminal se repita. Así ha sucedido durante los últimos años. Por eso en lo que va del 2022 suman ya 30 periodistas asesinados.
En vez de estar impulsando acciones legislativas que a los ojos de muchos penalistas se ven inocentes, por decir lo menos, lo que los diputados deberían hacer es exigirles eficiencia y eficacia a las autoridades para resolver los delitos.
En Tamaulipas, como en la mayor parte del país, lo que sobran son leyes y lo que falta son resultados en su aplicación.
Ahora que, si en verdad quieren proteger al gremio periodístico, lo ideal sería que impulsaran iniciativas que garanticen a los comunicadores otros derechos, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a un salario digno, entre muchos más.
La iniciativa panista difícilmente avanzara. No sucederá porque, como le decía, no resuelve el problema de fondo, pero sobre todo porque carece de los requerimientos mínimos de un tipo penal.
Pareciera que la hicieron al “cuarto para las doce”. Para demostrarlo basta solo remitirnos a la penalidad propuesta para el periodicidio: “A quien cometa el delito de periodicidio se le impondrán de cuarenta a cincuenta años de prisión y de quinientos a mil días multa”.
¿Días multa? Las multas no se fijan en “días”. Hace algunos años se fijaban en salarios mínimos, y ahora se establecen en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Eso es algo que conoce cualquier estudiante de primer semestre de derecho.
En resumen, como estrategia para robar reflectores mediáticos, la iniciativa es buena. Pero solamente como eso.
EL RESTO.
¿QUE LES SABE?.- Las evidencias de que hubo un saqueo de los dineros públicos en la administración municipal de Victoria, encabezada por Xicoténcatl González Uresti, son abundantes.
La Auditoría Superior del Estado acaba de informarle al Congreso del Estado, que le detectó a González inconsistencias por más de 8 millones de pesos en la cuenta pública del 2020.
Sin embargo, es un hecho que nada le sucederá al hoy subsecretario de salud. No hay la menor voluntad de investigarlo, y menos llevarlo a prisión.
La pregunta es: ¿Qué les sabe el doctor como para que lo protejan tanto?
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail. com.
