Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Fiscalía General de Justicia del Estado ha sido inepta en el combate al maltrato, tortura y muerte animal, denunció la diputada de Morena, Casandra de los Santos Flores.
Por esa razón, presentó una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al funcionario a que se aplique en mostrar una mayor eficiencia.
El llamado al Fiscal Irving Barrios Mojica, es para que “con el fin de abatir el fenómeno del maltrato y la crueldad hacia los animales en Tamaulipas, se conmine a los Agentes del Ministerio Publico y sus auxiliares, a elaborar un programa de trabajo mediante el cual se atiendan con la celeridad que el principio constitucional de una justicia pronta y expedita exige, los casos de maltrato, tortura y muerte injustificada en los animales que han sido objeto de denuncia”.
También se exige a Barrios Mojica que instrumente un programa de capacitación a los operadores del sistema de justicia y para fomentar la cultura de la denuncia ciudadana en el tema.
El artículo 468 del Código Penal prevé que “se le impondrá de dos meses a dos años de prisión, y de 200 a 500 días de multa, “ a quien incurra en conductas que pongan en peligro a un animal de cualquier especie que no constituya plaga ni se encuentre considerada como riesgo para la salud del hombre”.
La legisladora por Río Bravo, explicó que, a pesar de la penalización de la conducta, los casos de maltrato, tortura y muerte animal, se siguen multiplicando en los municipios del estado.
En parte, dijo, ello se debe a que la autoridad persecutora mantiene un nivel bajo de eficiencia en la integración de las carpetas de investigación a causa de la ausencia de capacitación de los agentes del Ministerios Públicos y la Policía Investigadora.
Además, la Fiscalía carece de la figura del médico veterinario zootecnista, como perito en el listado de especialistas.
Esos factores han originado impunidad en algunos casos de maltrato animal ocurridos en la entidad.
Citó como ejemplo, la carpeta de investigación 111/2017 , de hechos ocurridos en 2017 en Nuevo Laredo, que no ha sido judicializada por errores en el proceso de investigación, sobre todo en el llenado de actas de entrevista a imputado y testigos.
Otro caso, ocurrido a inicios del 2020, en Ciudad Victoria, es el documentado en el acta circunstanciada 1649/2020, en el que ni siquiera existe el informe que debe rendir la Policía Investigadora al agente del Ministerio Público.
“De igual manera existen otros casos en municipios del sur del estado, denunciados por organismos civiles, pero por apatía o desconocimiento de la ley no se les ha dado curso a las carpetas de investigación” refirió.
