Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso del Estado analizará una iniciativa de decreto para acabar con el desorden que tienen los municipios en la autorización de licencias de uso de suelo.
La acción legislativa, impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), señala en la exposición de motivos que hay muchos negocios que operan sin el documento o ya lo tienen vencido, en gran parte porque los Ayuntamientos no dan celeridad al trámite.
Para acabar con esa situación, se reformará la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus fracciones III y IV, y se adicionará una V al artículo 150.
A través de esa modificación, se obligará a la autoridad municipal responder las solicitudes de licencia de uso de suelo, mediante acuerdo por escrito, y a que en lo casos en que no proceda la autorización del documento deberá motivar y fundamentar las causas de la improcedencia.
La fracción V que se le adicionará al citado artículo señalará que: “En el caso de las solicitudes de refrendo anual de uso de suelo, de quienes hayan estado operando y justifiquen haber realizado la solicitud de refrendo, sin contar con respuesta definitiva de la autoridad municipal, se entenderá la afirmativa ficta y serán válidos los refrendos correspondientes, y la autoridad estará obligada a expedirlos a la brevedad posible a partir de la solicitud inicial, mediante el pago correspondiente, sin óbice de seguir operando, entre tanto se expiden los citados refrendos”.
“Existe una evidente contradicción y obstáculo burocrático con relación a los actos de autorización de uso de suelo en virtud de que, por un lado, algunos negocios siguen operando sin contar con el refrendo correspondiente, otros a pesar de haber solicitado a la autoridad dicho refrendo, también continúan operando ante la doble omisión de la autoridad, pues en unos casos, sabedora que no cuentan con el refrendo, permite su operación y en otros, simplemente evita pronunciarse sobre la solicitud de refrendo, lo que en ambos casos ocasiona una ausencia de certeza jurídica para dichas negociaciones, además de generarse un menoscabo a la hacienda pública ante la omisión en el cobro respectivo del refrendo” señala el documento.
