Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Pleno del Congreso del Estado abrogó, y dejó sin efecto dos acuerdos que fijaban las reglas para la declaración de procedencia de desafuero del Gobernador, Diputados locales y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los cuales habían sido calificados mediáticamente como un intento de blindaje a favor del mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca.
En sesión ordinaria celebrada este miércoles, la asamblea legislativa aprobó , con dispensa de turno a Comisiones, la iniciativa de punto de acuerdo presentada por el diputado panista, Félix Fernando García Aguiar, presidente de la Comisión de Justicia.
La resolución del Pleno Legislativo deberá ser notificada a los Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la exposición de motivos no se establecieron con claridad los motivos para dejar sin efecto dichos acuerdos aprobados por el Congreso del Estado, el tres y ocho de marzo pasados.
Solamente, en el punto sexto de la acción legislativa, se precisó que el acuerdo que establecía las reglas del ejercicio del procedimiento de desafuero, “lejos de representar un intento de blindaje institucional a favor del Gobernador, Diputados o Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia , solo representa el cumplimiento de lo que establecen los artículos 14, 16 y 111 , párrafo 5 de la Constitución federal, al igual que el numeral 44 segundo párrafo de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas y el numeral 28 de ley federal de la materia”.
La iniciativa aprobada este miércoles , llega cinco días después de que la Dirección General Jurídica de la Cámara de Diputados, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de Controversia Constitucional, por considerar que el acuerdo que había aprobado la legislatura local conlleva un intento de blindar al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, e invade las funciones que solo le corresponden al Palacio Legislativo federal.
En la demanda de Controversia Constitucional, se dijo que el acuerdo del Congreso del Estado violenta diversas disposiciones de la Constitución Federal al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia de desafuero en contra de servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales.
Como se sabe, a solicitud de la Fiscalía General de la República, actualmente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analiza la procedencia del desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y defraudación fiscal equiparada.
