Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Está demostrado que cuando se decide a arremeter contra sus adversarios políticos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se anda con sentimentalismos y tampoco se detiene para utilizar a su conveniencia las instituciones de justicia.
Por ello, y ante la aparente fragilidad del proceso de desafuero que la Fiscalía General de la República (FGR), ha iniciado contra el gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, hay que esperar lo peor.
De acuerdo con los expertos en Derecho Constitucional, la decisión que tome la Cámara de Diputados en el proceso legislativo de desafuero tendrá solo efectos declarativos, porque competerá al Congreso de Tamaulipas decidir si hay o no lugar para quitarle la inmunidad al mandatario.
En ese entendido, y tomando en cuenta que el PAN, el partido del gobernador, tiene mayoría en la legislatura local, es un hecho que el desafuero no pasará la aduana del Congreso tamaulipeco.
Ese eventual escenario de derrota es lo que hace temer que el gobierno federal reaccione arremetiendo contra los familiares de su objetivo. No sería la primera ocasión que lo hace.
El mejor referente de ello es el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Cuando el Gobierno echó a andar la maquinaria de la justicia en su contra, involucró también a sus familiares más cercanos, entre ellos su madre.
La señora fue acusada de recibir un depósito por 185 mil dólares que presuntamente fueron favores pagados a Lozoya por la constructora Odebrecht, la cual habría sido beneficiada con contratos.
La madre de Lozoya terminó detenida por la Interpol cuando vacacionaba en Alemania, en lo que fue parte de una estrategia para doblegar al exdirector de Pemex, quien en esos momentos estaba huyendo.
Al final, la señora fue liberada y el hombre más cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, terminó doblegándose y convertido en un testigo del Gobierno, para abrir investigaciones contra los llamados adversarios de López Obrador.
La historia de Lozoya tiene un gran paralelismo con el caso que la Fiscalía General de la República ha armado contra el mandatario tamaulipeco.
Igual que con el exdirector de Pemex, la instancia federal de procuración de justicia involucró en el asunto contra Cabeza de Vaca, a su círculo familiar más cercano.
Desafortunadamente, el Poder Judicial Federal dejó de ser una alternativa para frenar los excesos y abusos del Poder Ejecutivo.
Hasta hace pocos años, el juicio de amparo hubiera sido una vía completamente confiable para evitar excesos o violaciones al debido proceso.
Hoy, lamentablemente, está claro que los jueces federales están sometidos ante el titular del Ejecutivo y no se puede confiar en ellos.
De ahí aquello de que, lo peor está por venir.
EL RESTO.
¡CUIDADO CON LOS PROFES! – Por cierto, al Gobierno federal le acaba de surgir un nuevo frente de protesta social con los maestros.
El reclamo de los profes es por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que las pensiones se calculen tomando como base el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2021 es de 89.62 pesos, en vez del salario mínimo, que actualmente es de 141.70 pesos.
La repercusión económica para los jubilados será tremenda por la diferencia que hay entre el valor de la UMA y el salario mínimo. De ahí las protestas que han comenzado a surgir y que seguramente se incrementarán en los días por venir.
En ese sentido, el gobierno federal debe tener cuidado con ese tema. Ya los maestros han demostrado que cuando se trata de defender sus derechos no se intimidan.
Por lo pronto, este sábado realizaron en Ciudad Victoria una segunda manifestación de protesta y amenazaron con tomar carreteras y oficinas públicas.
ASI ANDAN LAS COSAS.
