Por Redacción Noticentro.
La insuficiencia presupuestal de los organismos públicos de derechos humanos, limita su tarea, y con ello pone en riesgo el mandato Constitucional de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Así lo advirtió la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), al festejar una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que interpreta y reconoce que las afectaciones a la autonomía financiera de los organismos públicos de derechos humanos son una vulneración indirecta a los derechos humanos, en tanto se convierte en un obstáculo para la defensa y garantía de éstos.
En la resolución, que recayó en una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, reconoció que el organismo tiene legitimación para impugnar la Ley de Ingresos por el que se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno de esa entidad.
“El Tribunal Pleno analizó la Acción de Inconstitucionalidad 116/2020 y concluyó que los Organismos Constitucionales Autónomos locales tienen legitimación para impugnar a través de una Acción de Inconstitucionalidad dichas disposiciones ya que su autonomía se ve afectada. Con la decisión anterior, el máximo tribunal de nuestro país interpreta y reconoce que las afectaciones a la autonomía financiera de los organismos públicos de derechos humanos son una vulneración indirecta a los derechos humanos, en tanto se convierte en un obstáculo para la defensa y garantía de éstos” indicó la FMOPDH.
Y añadió: “De tal forma, la decisión de la Corte evitó dejar en estado de indefensión al organismo protector de derechos humanos, así como a las víctimas que atiende, y a cualquier persona que en un futuro requiera de sus servicios”.
Insistió en que, el hecho de que los organismos públicos de derechos humanos no cuenten con los recursos suficientes para su funcionamiento, no sólo pone en riesgo el cumplimiento de su mandato constitucional de protección de los derechos humanos en nuestro país, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos, de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos adoptando las medidas apropiadas para lograr su plena efectividad y hacer uso del máximo de los recursos disponibles.
Cabe señalar que en Tamaulipas ha sido un reclamo añejo la necesidad de dotar a la Comisión estatal de derechos humanos, de mayor presupuesto para la realización de su tarea.
Sin embargo, año tras año, el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado se han negado a ampliar el presupuesto anual del organismo.
