Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
A partir de enero, los prestatarios del servicio de taxi ejecutivo a través de las plataformas de Uber , Didi y otras, deberán pagar al Gobierno del Estado el 1.5 por ciento de cada viaje que realicen y un poco más de tres mil pesos anuales por concepto de una constancia de registro de su vehículo.
Así lo plantea una iniciativa de decreto presentada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), que busca reformar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, la Ley del Transporte y la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021.
La acción legislativa recibida por la Diputación Permanente en su sesión de este martes, y que en los siguientes días será analizada y dictaminada, adiciona el artículo 17 a la Ley de Ingresos del Estado para el 2021, a fin de aplicar un impuesto del 1.5 por ciento, sin incluir el IVA, sobre el cobro de cada uno de los servicios prestados por conductores privados por concepto del Servicio de Transporte Ejecutivo.
Las empresas prestadoras del servicio deberán recaudar el tributo y entregarlo trimestralmente al Gobierno del Estado.
Por otra parte, en la fracción XXIII del artículo 73 de la Ley de Hacienda del Estado, se establecerá que los propietarios de vehículos que presten servicio de Uber, Didi y otros, deberán tramitar cada año, una constancia de registro que tendrá un costo de 34 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En 2020, el valor de la UMA fue de 86.88 pesos, por lo que el costo de la constancia sería de dos mil 953.92 pesos.
Sin embargo, como en 2021 habrá una actualización del valor de la UMA, el costo del documento rebasará los tres mil pesos.
Las empresas de transporte estarán obligadas a entregar a la Subsecretaría del Transporte el padrón de vehículos que se utilizan para prestar el servicio de transporte ejecutivo.
La Subsecretaría expedirá una constancia por vehículo registrado en el padrón, previa solicitud y pago de derechos.
La empresas que incumplan con estas obligaciones podrían perder el registro para seguir operando en la entidad.
Al presentar la iniciativa, el diputado panista, Arturo Soto Alemán, argumentó que el propósito del impuesto del 1.5 por ciento por cada viaje y la exigencia de una constancia de registro es mejorar la seguridad de los usuarios del servicio de transporte ejecutivo.
Además, los ingresos que obtenga el Estado por esos conceptos, se destinarán a obras de mejoramiento de vialidades y a adquisición de nuevas tecnologías que mejoren la seguridad de las ciudades.
