Por Redacción N0ticentro.
La revisión de mochilas a los estudiantes es un acto violatorio de derechos humanos, por lo cual la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe evitar esa práctica.
Así lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al emitir la recomendación 48/2019 derivada de la queja presentada por padres de familia de varias entidades del país que consideraron el “Operativo Mochila” como un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana.
El organismo nacional admitió que es impostergable contar con un protocolo general homologado de aplicación a nivel nacional para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar la violencia escolar, pero debe ser bajo el más estricto respeto a los derechos humanos.
La revisión de mochilas en las escuelas fue una acción implementada durante la anterior administración federal luego de hechos de violencia ocurridos en planteles de Nuevo León y Ciudad de México.
En Monterrey, en 2017, un alumno disparó contra su maestra y compañeros para luego dispararse así mismo.
Sin embargo, la CNDH determinó que “El Operativo Mochila Segura” violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica”.
“Se constató que las autoridades escolares y educativas que lo instruyeron y aplicaron, trasgredieron los derechos mencionados, al no implementar medidas de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos” refirió.
La CNDH consideró que ante la creciente violencia en los diferentes ámbitos de convivencia del país, cualquier mecanismo que se implemente en relación con la niñez debe ser considerada como una medida de protección y de cuidado y no de seguridad.
Lo anterior, toda vez que “El Operativo”, tal como fue concebido y aplicado, carece de un enfoque de derechos humanos, ya que presupone que niñas, niños y adolescentes cometerán algún delito, siendo que la obligación de las autoridades educativas y escolares, es la adopción de medidas de protección y de cuidado que aseguren la preservación de la integridad física, psicológica y social de los educandos, sobre la base del respeto a su dignidad, mas no la creación de medidas de seguridad o de prevención del delito.
