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Buscan reducir tramitología para cerrarle el paso a la corrupción.

Por Redacción Noticentro.

 

Para cerrarle el paso a la corrupción es necesario disminuir la tramitología en el servicio público para que haya menos contacto entre funcionarios y ciudadanos, afirmó Héctor Alejandro de Anda Cortez.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, explicó que actualmente existen alrededor de 600 trámites que la ciudadanía realiza ante instancias de Gobierno estatal y municipal.

Por esa razón, detalló, el objetivo es reducir al mínimo esa tramitología porque al haber menos contacto entre servidores públicos se cierra el paso a la corrupción.

Además de ello, dijo, se está trabajando para reducir el intercambio de dinero entre ciudadanos y empleados de Gobierno, para lo cual se pretende abrir nuevas opciones de pago que no sean en efectivo.

De Anda Cortez, a quien está por vencérsele su periodo de dos años como presidente del Comité, aseguró que Tamaulipas ha logrado avances en materia de combate a la corrupción.

Sin embargo, no pudo aportar cifras de investigaciones iniciadas por corrupción y servidores públicos procesados por ello. Argumentó que esa tarea compete a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a los órganos de control interno.

Dijo que los avances han sido a través de la firma de acuerdos y convenios con otros Estados y con municipios.

“Hemos logrado muchísimos avances en comparación con otros Estados. Tamaulipas va punteando en sistema anticorrupción.

Hemos concertado acuerdos de convenios con municipios. Junto con Querétaro y Estado de México somos líderes” señaló.

El Comité también ha firmado acuerdos con organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales.

Ante la insistencia de los periodistas de que la percepción de la sociedad es de que no se ha avanzado nada en combate a la corrupción, reiteró que “Tamaulipas es eferente nacional”.

Añadió que el Sistema Estatal Anticorrupción está tratando de cambiar la forma en que se realice la función pública, de manera que no existan espacios en los que se genere corrupción.

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